Por: Elisabeth Ungar Bleier

¡Qué lejos está Colombia de Perú!

A escasas dos semanas de terminar las sesiones ordinarias del Congreso de la República, el balance legislativo para los proyectos anticorrupción no podría ser más desolador y preocupante. Ninguna de las iniciativas presentadas por el Gobierno, ni las que estaban en la consulta anticorrupción que aprobaron más de 11 millones de colombianos, ni las de origen parlamentario han sido aprobadas. Incluso las del ex fiscal general, porque según varios congresistas era necesario esperar a que fuera nombrado en propiedad el nuevo fiscal. Excusa por lo demás bastante traída de los cabellos, no solamente porque el trámite está muy avanzado, sino porque las decisiones del Congreso no deberían depender de la permanencia en su cargo de quien lo presenta, como si le estuvieran haciendo un favor.

Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en el Congreso. También es responsable el Gobierno, cuyo respaldo a estas iniciativas fue débil y en algunos casos inexistente, entre otras razones por haber sido propuestas por sectores políticos de oposición. De otra parte, como ha sucedido con proyectos sobre este y otros temas, se ha dicho que no fueron aprobados porque no se repartió “mermelada”. Si bien terminar con esta práctica es un propósito a todas luces deseable, este no siempre se refleja en las actuaciones. Por ejemplo, en el nombramiento de algunos familiares de congresistas o de miembros de determinados partidos en cargos diplomáticos.

Combatir la corrupción requiere de instituciones fuertes, eficaces y eficientes, con funcionarios que generen confianza en los ciudadanos, los servidores públicos y el sector privado. Con la capacidad de diseñar y poner en marcha políticas, programas y normas conducentes a combatirla con criterios de continuidad y sostenibilidad, de manera que no se muevan al vaivén de las coyunturas y el cortoplacismo político. Un rol preponderante en este camino lo desempeñan los jueces, los órganos de fiscalización y de control, en quienes recae la responsabilidad de investigar y sancionar a los corruptos.

Sin embargo, todo esto es insuficiente si no confluye con dos factores fundamentales: voluntad política y una sociedad civil participativa. Así lo han demostrado fiscales y ciudadanos peruanos. Los primeros, que entendieron y asumieron el costo político de sus actuaciones y superaron las presiones provenientes de sectores económicos y políticos poderosos, e incluso de sus superiores, han obtenido logros muy importantes en las investigaciones sobre el caso Odebrecht. Hoy, cuatro expresidentes, varios exministros y empresarios, entre otros, han sido condenados o están siendo investigados, convirtiendo al Perú en el país líder en el proceso de develar uno de los mayores hechos de corrupción en América Latina, no solo por su alcance geográfico sino por sus implicaciones políticas. Los segundos, rechazando la decisión del fiscal general del Perú de destituir a los fiscales que llevaban el caso, y quien renunció a su cargo presionado por ciudadanos indignados que exigían su salida. ¡Qué lejos está Colombia de Perú!

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2019-06-06T00:30:52-05:00

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2019-06-06T00:45:01-05:00

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