Que les vaya bien

El pasado domingo se instaló el congreso constitutivo de las Farc-Ep como partido político legal y a lo largo de esta semana estarán deliberando para definir nombre, plataforma, estatutos, directivas, candidatos y demás formalidades, pero, sobre todo: cómo hablarle al país.

Tarea nada fácil en una Colombia enseñada durante décadas, particularmente las últimas, a odiarlos. A esto se le suma el sinnúmero de errores garrafales autoinfligidos, con los cuales tendrán que cargar por un tiempo, pese a que hayan venido poniendo la cara frente a muchos de ellos. La cruda realidad es que la política de hoy se mide por los niveles de favorabilidad/desfavorabilidad y la cantidad de votos obtenidos.

La resistencia a las Farc no se limita a la opinión pública. Es cada vez más notorio que existen poderosos estamentos del Estado en contra.

El mejor ejemplo fue el boroló que armaron en torno a la entrega del inventario de los bienes de las Farc para ser utilizados en la reparación de las víctimas. Nunca antes se había hecho en Colombia un ejercicio de esta naturaleza y, la verdad, no creo que en muchas otras partes. Pero el fiscal parecía más preocupado por la inclusión de traperos y utensilios (si no los hubieran mencionado, la crítica hubiera sido por haberlos excluidos) y “la vaguedad de la información sobre las propiedades”, a sabiendas de que pedirle títulos, facturas o certificados de tradición y libertad a una organización ilegal alzada en armas es un absurdo. Me extraña que aún no les hayan pedido el RUT.

Si al fiscal le preocupa el incumplimiento de los acuerdos, debería explicar por qué aún no opera la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y “sucesoras del paramilitarismo” establecida en el punto 3.4.4 y en qué van los informes públicos acerca del impulso y seguimiento, caso por caso, de las denuncias e investigaciones por violaciones a los derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos contemplados en el punto 5.2.2.

Más que mala leche, la actitud del fiscal es parte de la estrategia del vargasllerismo por hacerle conejo a lo acordado. Fue necesaria una carta del ministro de Interior para agilizar la designación de ponente para la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, ante lo que algunos llamaron “operación tortuga” por parte del presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, curiosamente de Cambio Radical.

La implementación se ha convertido en una renegociación de facto. El proyecto de ley estatutaria de participación ciudadana presentado por el Gobierno restringe la revocatorio del mandato y las consultas populares, en vez de fortalecerlas. La reforma política, crucial para el punto 2 del acuerdo, parece hundida o, en el mejor escenario, naufragando. La reforma rural integral nada que arranca. Son centenares los amnistiados que aún no han salido de las cárceles. Para no hablar de recursos, porque no los hay. Pero sin duda el mayor incumplimiento del Estado es la continuación de los asesinatos de líderes sociales y ahora, exintegrantes de las Farc y sus familiares.

Más allá de las tergiversaciones mediáticas, para el país es cada vez más evidente que las Farc están cumpliendo en lo fundamental, demostrando con los hechos la contundencia de su decisión de hacer política sin armas, pese a todos los problemas con la implementación. Su éxito, o no, dependerá en gran medida de lo que definan esta semana y si efectivamente lo hacen sin dogmas ni sectarismos, como lo dijo Rodrigo Londoño en el discurso de instalación. Pero también dependerá de la capacidad de la sociedad colombiana, empezando por los medios de comunicación, de construir una nueva cultura política que supere la intolerancia frente a la oposición y que no se base en la eliminación física del contradictor.

Ojalá les vaya bien, porque si les va bien, se fortalece la democracia y le va bien al país.

danielgarciapena@hotmail.com