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La estufa de los colombianos ha pasado de ser alimentada por carbón vegetal, o el olvidado cocinol, a la electricidad más cara y al gas domiciliario más económico. Existe una producción nacional de combustible, proporcionada por Ecopetrol y otras empresas medianas y pequeñas que exploran, lo extraen y lo transportan. El informe de Naturgas “Indicadores 2019” anuncia que “Colombia tiene un potencial de hasta 54,7 TPC (terapiés cúbicos), lo cual equivale a multiplicar por casi 18 las reservas probadas actuales que tiene Colombia”.
Esta producción está amenazada por las plantas de regasificación —una en Cartagena y otra prevista en Buenaventura—, que procesan las importaciones de Estados Unidos y encarecen las tarifas residenciales. Se afecta en especial a los estratos 1 y 2 de la población, que pagan hasta el doble del costo del combustible: mientras que las regasificadoras cobran entre US$7 y US$8 por pie cúbico, los productores locales cobran US$4,5. El negocio es posible gracias a la regulación del Gobierno, que favorece a los importadores de gas, perjudica a los usuarios y amenaza el futuro de la industria nacional.
Los productores locales le aportan al país regalías, impuestos y adquisición de bienes y servicios por casi US$300 millones al año, más 10.000 empleos directos de personal calificado. Las regasificadoras no aportan ni un peso y muy pocos empleos; por el contrario, deben ser subsidiadas por los consumidores de energía eléctrica y gas.
La planta regasificadora de Cartagena es de Spec y Promigás, la segunda de propiedad del grupo de Sarmiento Angulo. Según su brochure, “suministramos el gas natural a más de 3,6 millones de usuarios, 40 % del mercado nacional, que representa 12 millones de personas”. A estos ciudadanos se les cobra la mitad del costo de regasificación según resolución de la Comisión Reguladora de Energía (CREG).
La planta de Cartagena opera por debajo de su capacidad, con unos costos elevados, que son absorbidos por los sobreprecios mencionados. En vez de proteger a los consumidores y a la producción nacional, dominada por la empresa estatal, el Gobierno favorece a los importadores del gas extraído por fracking, que terminan haciéndoles competencia desleal a los productores y atentan contra la autosuficiencia energética nacional.
Lo que se viene hacia el futuro puede ser peor y más absurdo que el negocio de Cartagena. A principios de 2021 piensan licitar una enorme planta de US$800 millones en la bahía de Buenaventura, donde no cabe físicamente y perjudica el medio ambiente y la seguridad nacional; en efecto, comprometería una base de la Armada Nacional situada no lejos de ella, por los peligros que entraña el almacenamiento de gas y, además, atascaría el tránsito marítimo del primer puerto del país. Para rematar, se iniciaría sin el oleoducto entre la planta y Yumbo, lo que implicaría remontar la cordillera occidental y atravesar territorios hostiles densamente poblados, con unos enormes costos adicionales.
Hoy el país está cruzado por miles de kilómetros de gasoductos que llevan el combustible extraído de yacimientos convencionales (Cupiagua, Cusiana y mar Caribe) de Ecopetrol, que aporta el 60 % del consumo nacional, y de otras empresas, que cubren el 30 %, de modo que hoy se importa el 10 %. Lo que pretenden los importadores con el elefante blanco de Buenaventura es quedarse con el 40 % del negocio, expoliar a los consumidores y arruinar a las empresas gasíferas productivas.