¿Qué pasó con la lucha contra la corrupción?

El debate actual parece dominado por la llamada Ley de Financiamiento, utilizando el eufemismo del gobierno Duque para bautizar su reforma tributaria, la que juró nunca presentar, y menos con la cruel idea de gravar con IVA la canasta familiar.

Sin embargo, es preciso hacer un llamado de atención para que no perdamos cuál es, desde mi perspectiva, el principal propósito nacional: la lucha contra la corrupción.

Firmado el Acuerdo de Paz, la lucha contra la corrupción pasó a ser el objetivo más importante que como país nos debe movilizar. La Contraloría indica que la corrupción nos cuesta al año más de $50 billones (casi cuatro veces lo que se pretende recaudar con la tributaria) y la Procuraduría habla de una cifra también deprimente de más de $32 billones al año.

En los corruptos queda, entre otras cosas, la comida de nuestros niños, los recursos de la educación, el mejoramiento de los servicios públicos de los más pobres y el desarrollo de la infraestructura. Luchar contra la corrupción es un imperativo ético inaplazable, si en verdad queremos un país justo. Corrupción y desarrollo son polos opuestos.

Sin embargo, esta lucha tiene enemigos. Es triste, pero hay que decirlo. Algunas personas se declaran de dientes para afuera como fieles soldados de esta causa, pero en realidad dependen de ella para su subsistencia política o empresarial. Otros no son más que autores de buenos discursos o frases inspiradoras para arrancar aplausos. También hay quienes pretenden combatir la corrupción con ideas legislativas taquilleras, pero que en realidad no son más que medidas inanes o contraproducentes. Bien decía un gobernante del Imperio romano que “cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene”.

Combatir la corrupción demanda una férrea decisión política, pues ella está enquistada en la política. La estrategia integral tiene muchos componentes. Por mi parte, creo en el fortalecimiento institucional como pilar fundamental. Es desde la institucionalidad que se lideran estas duras políticas públicas en términos de reconocimiento, legitimidad y mensajes ejemplarizantes para hacer cambiar el comportamiento individual, colectivo o empresarial.

La Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y algunas superintendencias hacen muchísimo mejor su trabajo que hasta hace poco. Son entidades exitosas pero con bastantes limitaciones, lo que al final contribuye a la impunidad. Todas, sin excepción, requieren de más capacidad para poder emprender una lucha frontal y sin tregua contra los corruptos.

Al presidente Santos le correspondió, contra viento y marea, lograr el Acuerdo de Paz, y con eso le cumplió al país. Al presidente Duque le corresponde liderar la lucha contra la corrupción y, por el bien de todos, ojalá podamos decir que no fue inferior ni a sus obligaciones ni a su momento en la historia. Inténtelo, presidente, le será difícil, pero para eso usted fue elegido presidente de Colombia, no para ponerle IVA a la canasta familiar.