Por: Lisandro Duque Naranjo

"Qué pena con ustedes, señores"

TANTAS VIOLENCIAS ACUMULADAS han hecho de la nuestra una nación insolidaria y cobarde. Y para demostrarlo no es necesario remontarse a viejas edades, sino que bastan casos recientes.

A muy pocos, por ejemplo, nos fastidia que se considere peores a los narcotraficantes que a los paramilitares. Y aunque con los años aquellos y éstos terminaron siendo una misma cosa, el sólo hecho de que se haya mandado perica a las ansiosas narices europeas y norteamericanas se convirtió en algo más punible que haber cortado cabezas aquí al por mayor para quedarse con las tierras de los decapitados. Haber alegrado por allá el estrés de los ejecutivos de Wall Street, o de las vedettes de Hollywood, se juzga como más abominable que haber sembrado esto acá de huérfanos y de mendigos, sin importar que incluso fallecer a causa de una sobredosis tiene mucho de decisión íntima, a diferencia de lo involuntario que es eso de ser desmembrado por una motosierra. Aunque es notable la asimetría en la forma de morir y en el número de víctimas, por estos lados esa diferencia vale huevo. En estos días vi Impunity, el documental de Hollman Morris y Juan José Lozano, y nuevamente me sorprendió el caso de H.H. Veloza, a quien extraditaron por narcotraficante justo cuando empezaba a confesar lo que como paramilitares hicieron él y los de las Auc. El hombre, además de informar dónde estaban varias fosas comunes, tenía ya en la punta de la lengua los nombres de empresarios, políticos y altos oficiales que auspiciaban sus matanzas. No obstante la Corte Suprema de Justicia, el juez Baltazar Garzón y Luis Moreno Ocampo, fiscal de la Corte Penal Internacional, haber pedido postergar esa entrega ante lo prioritario de los testimonios que estaba revelando Veloza, éste fue trepado de noche y a las volandas a una avioneta de la DEA. Tanto Garzón como Moreno dirían después, muy molestos, que el Gobierno, ante sus gestiones, les había prometido dejarlo aquí. Pero qué va. Y la “patria” fresca que eso no es con ella. Aquí para que la gente se irrite y se conmueva, toca traerla de afuera.

Cuenta Noticias Uno que el pasado 8 de abril, organizada por la Vicepresidencia de la República y el Incoder, tuvo lugar en Apartadó una reunión entre Felipe Echeverri, testaferro del paramilitar preso Raúl Hazbún, y las familias a las que éste —alias Pedro Bonito— les usurpó 25 fincas hace años con la financiación de Chiquita Brands. Motivo del encuentro: convencer a los campesinos de que desistieran de reclamar sus tierras y se dejaran ya de cobrar 580 millones que en incómodas cuotas mensuales las Auc les habían quitado. A cambio de eso, serían tenidos en cuenta como proveedores de banano para Chiquita Brands, empresa bandida que todos jurábamos había cambiado de amistades, y que al no hacerlo se burla del país. Cuestión de rutina. El jefe de control interno del Incoder, José Manuel Zabala, avaló la propuesta pidiéndoles a las víctimas “no meterle abogados al asunto, para que la paz no se dañe”. Una campesina desplazada —una apenas, porque los otros no aceptaron el trato, razón por la cual están siendo amenazados— les dijo esto a sus victimarios: “Qué pena con ustedes, les pedimos perdón”. Lo que puede el miedo, qué vaina. Si esa es la reparación que está auspiciando el vicepresidente, las cosas están igual que en tiempos de Eduardo Pizarro, el cerebro de las reconciliaciones indignas.

Y qué tal los lamentos de Plinio Apuleyo, Londoño Hoyos y Valencia Tovar, por la condena al general Arias Cabrales. Al unísono invocan la inocencia del reo dizque “porque en 1985 la desaparición forzada no estaba tipificada como delito”.

Y cuánto aterran esos que se oponen a la Ley de Víctimas argumentando motivos de sostenibilidad financiera. ¿Dónde estaban ellos cuando la sostenibilidad de cuatro millones de despojados de sus tierras se iba al suelo, o hacia los semáforos?

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