Por: Juan Manuel Ospina

¿Qué pensarán el Procurador y sus funcionarios?

Hoy en las entidades públicas, la pregunta inevitable y decisiva frente a cualquier decisión es “¿qué pensarán el Procurador y sus funcionarios?” El síndrome de la culpa y el miedo a la sanción claramente frenan la tarea pública pero, me temo, que sin atacar el problema de la corrupción; los funcionarios corruptos no se arredran con los pequeños inconvenientes y trabas que logran paralizar al funcionario honesto, que los hay y muchos. Resultado a la fecha: Nos quedamos con el pecado y sin el género, con el entrabamiento del proceso administrativo pero sin lograr la ansiada transparencia.

Estamos sumidos en una verdadera jungla de controles que acaban por propiciar frecuentemente movimientos “por debajo de la mesa” cuando no el franco soborno, justificado “como necesario para aceitar”  procesos administrativos  paralizados por una burocracia que terminó castrada en su capacidad de  iniciativa y de gestión,  amansada en su rutina administrativa al estar atemorizada para  actuar por  la amenaza de unas   normas de control que terminaron siendo   perversas  por inútiles o  absurdas.  Los corruptos literalmente hacen gárgaras con el montón de  normas formales e hipócritas que supuestamente deberían  impedir sus acciones ilegales y antisociales.

Digo lo anterior, asombrado por la cascada de  supuestas y publicitadas inhabilidades de funcionarios y congresistas, nacidas de esas normas y de una interpretación  que las volvió  aún más absurdas, incapaces de  aportar a la   transparencia  de  la gestión pública, pero efectivas para entrabar los procesos administrativos y la toma de decisiones. Lo anterior en ningún caso puede interpretarse como una crítica a la fijación de  inhabilidades, las legales y las morales, social y jurídicamente necesarias para evitar  que   el interés general sea arrollado por los intereses particulares,  que los servidores puedan abusar  de su posición y autoridad al momento de decidir o legislar. 

En el Congreso, la oposición  plantea en el caso de los ministros Lizarralde y Acosta que no podrán pronunciarse sino  poco más o menos que sobre el clima y los resultados dominicales del futbol, por la sencilla razón de que ambos han trabajado por años en los temas que necesitan  conocer bien, para poder desempeñar el cargo. Con esa teoría solo podrían ejercer cargos públicos aquellos que desconozcan el objeto del cargo a desempeñar y que no hayan tenido relación alguna con él.  Acosta estaría  inhabilitado para abordar los temas de petróleo, carbón y generación eléctrica. Como quien dice, sería el ministro del oro y de las gravillas para la construcción y poco más. Lizarralde tendría vedado los temas de crédito y financiamiento agropecuario, alianzas productivas y apoyo a los proyectos agroempresariales, silvicultura… casi que limitado a  ser presidente del club de jardinería y poco más.

En el Congreso renace la vieja discusión de si una norma de interés general que beneficia a  miles o millones de ciudadanos, incluidos  individuos o instituciones con las cuales el congresista tiene vínculos, cercanía o pasados compromisos, lo inhabilita esa circunstancia para votarla. El tema es aún más absurdo si se tiene en cuenta que la decisión de aprobación o negación de la ley es colegiada y que su aplicación y beneficio es para todos, incluidos los amigos o cercanos al congresista que la vota.

Cuando las normas van a contrapelo de la realidad o su aplicación contradice su espíritu y sentido, estas por bien intencionadas que sean acaban por ir en contra del propósito buscado y la misma es abandonada o burlada en su aplicación. Ambos resultados son contrarios al interés general que es  precisamente lo que se pretende salvaguardar. El mundo al revés.

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