Por: Juan Carlos Gómez

Que se parte la rama

La situación de la Rama Judicial refleja fielmente el país que padecemos. Los ochos años sin ministro de Justicia y el asedio a la Corte en el pasado gobierno son evidencia del desprecio por el Estado de Derecho que caracteriza a democracias tan débiles como la nuestra.

La morosidad y la impunidad son abrumadoras. Para lo primero, cada tanto se inventan mecanismos de descongestión que acaban propiciando decisiones en volandas, muchas veces atropellando la justicia. Frente a lo segundo se reacciona a los vaivenes mediáticos; cuando la opinión publica —muchas veces manipulada— clama por castigos y sanciones.


Una tras otra se producen leyes “para resolver el problema de fondo”, pero no existen recursos para implementarlas, tal como está sucediendo con la ley 1347 (Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo) que empezará a regir el año entrante y, entre otras novedades, prevé el sistema oral en los juicios de esa jurisdicción.


La semana pasada el presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, le envió una carta al presidente Santos en la que describe el desolador panorama de la Rama Judicial. Desde lo más elemental —como que a esa entidad el Ministerio de Hacienda no le ha girado este año el dinero para la caja menor— la situación llega al extremo de que, por falta de recursos, es imposible adelantar los procesos promovidos contra las elecciones de Congreso correspondientes al período 2010-2014, lo cual supone la revisión de más de 35.000 mesas de votación en todo el país. Como lo advierte Fajardo en su carta, está en juego la legitimidad misma de la democracia colombiana.


En los dos últimos años el Gobierno ha incumplido la obligación legal de incluir en el presupuesto de la Nación un porcentaje mínimo de recursos para la Rama Judicial y en el Plan Nacional de Desarrollo, a punto de aprobación, otra vez se la da a la justicia un trato de cenicienta.


Es cierto que la situación fiscal no da mucho margen de maniobra: país pobre, justicia pobre. Sin embargo, si se compara la tajada presupuestal que siempre se ha llevado la defensa nacional, frente a la de la justicia, es evidente que nuestra sociedad hace tiempo trastocó sus valores.


 

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