Por: Darío Acevedo Carmona

¿A qué temen las Farc?

Más que a cualquier cosa, las FARC le temen a que la política en términos civiles, sin armas, sin la primacía de relaciones verticales propias de ejércitos y milicias, los disuelva.

Porque una cosa es hacer política con armas y dinero abundante para reclutar campesinos pobres y uno que otro cuadro de la intelectualidad, bajo las estrictas normas disciplinarias y jerárquicas de la milicia, que enfrentarse a la acción proselitista, esa especie de agujero negro, ir al encuentro de la opinión pública, del ciudadano común, de sus votos. Ahí las armas serán y tienen que ser, si de verdad están por la paz, cosa del pasado, un camino sin retorno.

Buscar el apoyo de la opinión pública, que siempre les ha sido adversa, para validar y legitimar un programa y unas promesas de cambio debe tener a más de un “Timochenko” pensando y penando.

Imaginemos lo que hay entre un hombre cuyo poder se deriva de su experticia en el “arte” de la guerra de guerrillas o de la acción terrorista, a aquel que, despojado de armas y de mando, se enfrenta al desafío de conquistar votos. ¿Cómo lo hará? ¿Qué lenguaje y qué métodos utilizará? El viraje es brutal. Constatarían que ganar el respaldo de la ciudadanía difícil que tirar “tatucos” y disparar fusiles.

Muchas dudas debieron atormentar la conciencia de quienes hicieron el tránsito de las armas a la civilidad en el pasado. Hay experiencias en las que se pueden mirar, unas exitosas otras no tanto y otras un total desastre. El M-19, por ejemplo, fue hecho pedazos en sentido político y orgánico, sus dirigentes se dividieron, los subordinados de antes como Petro, asumieron el mando cuando la voz estentórea del demagogo se hizo más eficaz que el mando militar.

Deben tener miedo a enfrentar la posibilidad de que les suceda algo similar. Por eso no descartan tomar el camino del engaño, o sea, el de no entregar las armas mientras usufructúan la democracia, se airean políticamente y, alegar después que el “sistema” incumplió los compromisos y por eso se ven “obligados” a retomar las armas.

Si el gobierno cede a las mayorías nacionales en imponer la condición de que los responsables de delitos atroces deben pagar cárcel, así sea por corto lapso, peor será su suerte pensarán los más radicales que al parecer están ganando el pulso interno. Los que quieren asustar a sus camaradas con el fantasma de la desaparición ante la incontrolable dinámica de la política nacional o ser absorbidos por una izquierda en la que no serían los líderes sino los recién llegados, y sobre la que mantienen serias reservas acerca de su firmeza ideológica. ¿Una alianza en la que serían un grupo más? No faltará aludir al fantasma de la división por aspiraciones grupales o individuales al fin liberadas.

¿Cuántos cuadros del monte podrían hacer un buen papel en ciudades de las que ni conocen sus mapas ni sus gentes ni sus problemas diarios ni sus formas de relacionarse con los políticos ni sus usos y costumbres? Podrá salir airoso uno que otro comandante, pero el grueso de su militancia tendrá que dedicar, en el evento de la paz, mucho tiempo a su reinserción a la vida normal, trabajo, vivienda, atención médica, educación, vida familiar, toma de decisiones en la cotidianidad, disfrute del tiempo libre y de la libertad de no estar en filas 24 horas. No los podrán disciplinar como estando en regla.

A diferencia del M-19, las FARC han sobrevivido con el dogma comunista durante toda su existencia. Esa condición, que suponemos conserva la alta dirección de la guerrilla, también pesará negativamente a la hora de definir si se da o no el paso a la civilidad. El desprestigio de esa doctrina los obligará a camuflarla en sus discursos lo que sin duda se traducirá en relajamiento del dogma, nada bueno para sus propósitos.

De todo lo anterior deducimos que la exigencia de mayores concesiones en la Mesa de La Habana, como cero cárcel, nueve millones de hectáreas en 54 Zonas de Reserva Campesina (donde mantendrán sus tropas concentradas en formación militar alerta para un eventual resurgimiento de la confrontación), cupos en buen número en corporaciones públicas, no entrega de armas, reducción de la Fuerza Pública y redefinición de las funciones del Ejército, renegociación de los tratados de libre comercio, cambio del modelo económico, otorgamiento de numerosas licencias de emisoras, periódicos y canales de tv, convocatoria de una asamblea constituyente con cupos fijos, etc., tiene el sentido de cobrar muy caro la firma de un acuerdo, que, en todo caso, querrán que los deje muy pero muy cerca de conquistar el poder, su máximo y perenne objetivo.

Darío Acevedo Carmona, 13 de abril de 2015

 

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