Por: Carmen Palencia

¿Qué vamos a celebrar el 9 de abril?

Muchas veces me he preguntado por la razón por la que el gobierno nacional y las autoridades no escuchan las alertas que se han dado ante el riesgo en que se ha convertido el hecho de solicitar la restitución de tierras, que los actores ilegales han despojado a miles de colombianos.

En la región del Urabá por ejemplo, no cesan las amenazas, desapariciones, asesinatos, violaciones a mujeres, reclutamiento forzado a menores y jóvenes campesinos. Todo esto casualmente, sobre familias que hoy están pidiendo la restitución de sus tierras que hoy se encuentra en manos de ganaderos o empresas bananeras y palmeras que operan en la zona y que compraron miles de hectáreas escudándose en el principio de buena fe, a paramilitares que aún se encuentran en el territorio.

Como es de imaginarse, no se puede confiar en las autoridades de los municipios, porque o son amigos de los victimarios o son funcionarios cercanos a ellos, nombrados para defender sus intereses, que hacen la tarea de informar cuando alguien se acerca con el ánimo de denunciar que su vida y la de su familia están en riesgo.

Se podría decir que el Urabá sigue siendo “Tierra de nadie”, porque aquí señores no reina la ley del orden constitucional que se supone rige al país entero, sino la del más fuerte, es decir, del que tiene un gran número de muertos encima, el que amenaza más seguido, el que obliga a las jóvenes a estar en la intimidad con el, etc.

Esta tarea de recuperar las tierras que despojaron los paramilitares, se ha convertido en un problema de seguridad para el que haga el trámite de reclamación, y el Estado colombiano ha sido bastante lento en la tarea de recuperarlas, y quienes están sufriendo las consecuencias son las víctimas del conflicto, que siguen sin tierra, desplazados de sus lugares de orígenes y los que se quedaron en sus veredas o fincas, viven en constante peligro.

A lo denunciando por este medio el pasado jueves 2 de abril, de la poca atención que se la ha puesto a las alertas tempranas que ha emitido la Defensoría del Pueblo, por los hechos ocurridos en los territorios de La Larga-Tumaradó y Pedeguita Mancilla, que están bajo amenaza de las Farc y de las Autodefensas Gaitanistas, se debe sumar los de Apartadó, Necoclí, y Turbo, donde campesinos han tenido que recurrir a las vías de hecho para que se les escuche, y la única respuesta que han obtenido es la quema de sus ranchos en sus parcelas, sin que nadie diga nada o haga algo.

¿Para que entonces nos dimos a la tarea de aprobar una Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, si no les vamos a otorgar las garantías de protección a quienes pidan la reparación de sus bienes? ; ¿Qué vamos a celebrar el próximo 9 de abril día dedicado a las víctimas del conflicto, cuando no hemos sido capaces de aplicar una norma y asegurar una no repetición de los hechos?.

No desconozco las buenas intenciones del presidente Santos y su ministro del Interior Juan Fernando Cristo, quienes tienen la mejor voluntad para que esto sea una realidad, pero, ¿las entidades locales y fuerza pública tienen la misma voluntad?. A la luz de los hechos parecería que no, y es precisamente por eso señores del gobierno nacional, que se debe hacer una campaña para que todos los entes territoriales apliquen la norma, por más autonomía que haya. No puede ser que se expidan decretos y leyes y estas queden sujetas a la decisión personal de cada alcalde o gobernador para que nos hagan el favor de aplicarla. Esto no puede seguir sucediendo.

Por ahora no me resta más que felicitar al alcalde Petro y a su Alta Consejera para las Víctimas Ana Teresa Bernal, quienes desde lo local, han sido los que más empeño han puesto para que a las víctimas que se encuentran en Bogotá, se les garantice sus derechos.
@ludispalencia

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