Por: Eduardo Barajas Sandoval

Que vayan también a Abidján

Con el mismo celo por los derechos humanos demostrado hacia los libios, las Naciones Unidas deberían intervenir de manera más decidida en Costa de Marfil.

Ante la crisis de hoy deben avanzar en la dirección de Resoluciones de 2003 del Consejo de Seguridad e introducir los cambios necesarios para que se consigan los objetivos entonces señalados. Si ese mismo Consejo deja pasar de largo la crisis que viven los marfileños, habrá lugar para que se piense que en el caso de Libia hay intereses distintos de los proclamados. Y, peor, que la vida y la convivencia social revisten mayor interés para los responsables de las grandes decisiones de la institucionalidad internacional cuando están de por medio valiosos recursos energéticos.

Costa de Marfil paga el precio de haber sido colonia, que pudo ver la luz de la independencia en 1960, para quedar luego sometida, hasta 1993, a uno de esos mandatos de varias décadas que de pronto contienen al principio unos cuantos males y luego se convierten ellos mismos en el mal mayor, porque son como represas que, al desaparecer, dan vía libre a avalanchas cargadas de todo tipo de materiales, que habrían podido ser evitadas si desde un principio las cosas hubiesen podido fluir.

En medio de todo, si algo bueno tuvo Félix Houphuet- Boigny, fundador y presidente vitalicio que marcó el nacimiento del estado marfileño, fue el haber mantenido alejados los demonios de las diferencias entre los distintos grupos que habitan el país. Pero lamentablemente su sucesor Henri Donan Bedié acuñó a su acomodo y conveniencia el concepto de “marfilización”, tal vez para frenar las opciones de acción política de personas a las que consideraba de origen no marfileño. De paso, muy a la manera africana, con esa política introdujo un elemento peligroso de discordia entre las diferentes etnias del país. Así sembró la semilla de la discordia que está en el origen de los males de hoy.

Como todos los que acostumbran a jugar con la institucionalidad, para sacar provecho personal, a nombre de la exclusividad que se atribuyen de la buena conducción del Estado, Laurent Gbagbo, el más reciente de los presidentes, ha apelado sin cesar a las discriminaciones que tratan de evitar la llegada a la presidencia de alguien que no pertenezca a su clase y, además, se las arregló para obtener prórrogas en su mandato con cualquier disculpa. Agotadas todas ellas, y derrotado en las urnas, se niega a entregar el poder. Y al negarse a aceptar el triunfo de uno de sus oponentes, Alassane Outtara, avalado por instancias internas e internacionales, ha llevado al país en la práctica a una reanudación de la guerra civil.

El caso constituye sin duda un reto para las Naciones Unidas, y en particular para los miembros del Consejo de Seguridad. Porque esas son las incidencias de la vida internacional que ameritan su intervención y exigen estudio oportuno y determinaciones acertadas. A través de las cuales se marcan precedentes y se aprestigia o se desvanece el reconocimiento de la Organización entre los actores de las relaciones internacionales.

La Misión militar autorizada por Resolución de 2004 del mismo Consejo no puede seguir siendo considerada como “rebelde” por un presidente que se niega a dejar el poder. Tampoco puede seguir actuando simplemente como escolta de quien ganó las elecciones recientes y no puede asumir. La imaginación, la claridad y la determinación de quienes conducen ahora las deliberaciones de la que es en la práctica instancia máxima de la ONU están a prueba, particularmente cuando acaban de tomar decisiones respecto de la situación en Libia. Cuál sería el criterio diferencial para no ponerle atención a un caso que sí ameritó estudio y produjo decisiones en 2003 y 2004?

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