¡Qué vergüenza!

La actuación del Congreso con respecto a la paz no pudo ser más vergonzosa: después de que, con excepción de los uribistas, cuando tenían puestos por ganar, todos los aliados del Gobierno votaron a favor de la Justicia Especial para la Paz (JEP), a última hora los godos se corrieron, a algunos congresistas cercanos al Gobierno les dio pereza asistir al Parlamento y Cambio Radical, luego de haber tenido cuanta burocracia quiso, dejó solo a Santos en su propósito fundamental de lograr la paz. Y al presidente le faltó liderazgo...

Por todo ello, por un voto, (la votación fue de 50 a favor y 7 en contra) se hundieron las 16 curules destinadas a que las víctimas y los habitantes de las zonas de conflicto tuvieran representación en el Congreso por dos períodos. Pero, además, se hundieron porque excluían a los políticos de la competencia por la vocería de esos territorios olvidados, a los cuales es urgente oír, no excluir e incorporar a la institucionalidad.

Sin embargo, el Gobierno consiguió sacar adelante la JEP con dos modificaciones que desvirtúan el acuerdo. Una puede tener reverso: es la que establece inhabilidades absurdas y generalizadas para sus magistrados, como la de que los defensores de derechos humanos no pueden hacer parte del mismo. Es probable que la Corte declare inconstitucionales esas inhabilidades.

Y la segunda, que no tiene reverso, porque proviene de una sentencia de la Corte, y excluye a los civiles (empresarios, funcionarios, etc.) que promovieron y financiaron el conflicto, de la obligación de presentarse ante la JEP, puede amortiguarse cuando actúe la Comisión de la Verdad, presidida por el sabio padre Pacho de Roux. Ella, si bien no tiene potestad judicial, dada la calidad y experiencia de sus integrantes, puede promover que los culpables reconozcan la verdad, para satisfacción de las víctimas y para que empiece a mejorar la salud mental de este país tan loco, cuya mayoría votó en el plebiscito a favor de la guerra. Además, la Comisión puede salvar algo que modificó la Corte y constituye un punto de honor para las Farc: que no se centre exclusivamente la responsabilidad del conflicto en ellas, sino que también se establezca la responsabilidad de tantos otros que promovieron y financiaron la participación de grupos paramilitares en la guerra, y hasta se lucraron con ella.

Sin embargo, a pesar de que funcione la JEP, los de las Farc vayan al Congreso y marche la Comisión de la Verdad, quedan tres lunares grandes: el primero, que las víctimas y zonas de conflicto se hubieran quedado sin representación en el Congreso; el segundo, que se hubiera desvirtuado la reforma política y no se hubiera dado el paso completo hacia la apertura de nuestra democracia; y el tercero, y el más grave, que no se hubiera ni siquiera discutido en el Parlamento el acuerdo agrario, que constituye el primero y el más importante de los puntos del pacto de paz, ya que en el desequilibrio en la distribución de la tierra radica uno de los motores del conflicto.

¡Sabrá Dios cómo el Gobierno sacará adelante los dos últimos puntos en su última legislatura! Si no lo logra, la paz quedará herida…

Ya se escuchan voces de alarma… Ya, quienes están en contacto con los desmovilizados de las Farc dicen que “en los excombatientes y en los territorios a nivel nacional hay una sensación de engaño e incumplimiento y un temor de cómo, lo que no pasó en el Congreso y hacía parte del acuerdo, puede afectar la paz”.

Tremenda responsabilidad la que recaería sobre los hombros de esos políticos si por su culpa se desgranara la paz…

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