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hace 3 horas
Por: Rodolfo Arango

¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?

Hace cerca de un siglo se hizo célebre un debate entre connotados juristas sobre quién debería defender la Constitución en momentos de graves amenazas.

Dos eran las opciones: el presidente o la Corte Constitucional. La crisis económica y la ineficacia de los partidos políticos amenazaban arrastrar consigo a toda la sociedad. Abanderado de la primera opción fue el jurista católico Carl Schmitt, para quien sólo un líder fuerte, con voluntad política y en representación de la unidad nacional, podía salvar el orden constitucional. A favor de una solución jurídica, no puramente política, se pronunció por su parte el jurista austriaco Hans Kelsen. Para éste debía ser un cuerpo colegiado especializado el encargado de defender la supremacía constitucional, no las autoridades directamente involucradas en el manejo de los asuntos públicos, a saber el Legislativo y el Ejecutivo, más propicias a generar la crisis que a resolverla.

Las razones de Schmitt no estaban desencaminadas a la luz del fracaso de la Constitución de Weimar. El avance de la revolución bolchevique y la incapacidad de los políticos para defender los intereses del pueblo alemán luego de la humillación en Versalles hacían entendible su escepticismo hacia una solución jurídica. Sólo un gran líder, en calidad de jefe de Estado, podría echarse sobre sus hombros la responsabilidad de guiar al pueblo y mantener su unidad orgánica. De lo contario, la incertidumbre generada por la “clase discutidora” —como llamaba a la clase política— se mantendría, sólo que ahora en manos de jueces. Tal es el fundamento del llamado “decisionismo” en la teoría jurídica y política. En resumen, por pulir un verso no habría que sacrificar un mundo.

Los argumentos de Kelsen se encaminaron a rechazar la propuesta de su colega por errónea jurídicamente y políticamente inconveniente. Darle más poder al presidente para enfrentar situaciones excepcionales, cuando él mismo es una autoridad con alta potencialidad para generarlas, desquicia los pesos y contrapesos de una constitución al servicio de la libertad. Por otra parte, la solución schmittiana resulta antidemocrática y opresiva de las minorías al pretender superar la zozobra mediante actos políticos de voluntad, no como resultado de una deliberación jurídica colectiva. Al decisionismo le surgió así un contendor de quilates: el “normativismo”.

Por fortuna las constituciones contemporáneas han superado el dilema: consagran los estados de excepción, dan amplias facultades al presidente para decidir declararlos y tomar las medidas para enfrentar la crisis, y confían en cortes constitucionales la garantía última de los derechos y libertades. En la reciente crisis suscitada por la aprobación irregular de la reforma constitucional a la justicia, el presidente colombiano sorpresivamente no usó la vía constitucional dispuesta para superar peligros graves e inminentes. Recurrió al atajo de ejercer dudosas objeciones presidenciales para luego presionar políticamente la sepultura del acto legislativo ya aprobado, todo ante la indignación popular por el descaro e irresponsabilidad de la coalición de gobierno. Sería muy importante que la Corte Constitucional interviniera para que la crisis suscitada por la forma en que el legislador aprobó la reforma no se resolviera vía la voluntad omnímoda de un protector autárquico, sino por la decisión de un tribunal basado en la razón dialógica, esto es, en la argumentación constitucional que incluye todas las voces presentes en la sociedad, en especial las de las minorías.

 

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