Por: Julio Carrizosa Umaña

¿Quién defiende la sabana de Bogotá?

En los próximos años se decidirá la suerte de las cien mil hectáreas que quedan sin urbanizar en la altiplanicie, los restos del ecosistema excepcional que los bogotanos llamamos la Sabana, nuestro patrimonio ecológico y social principal, del que gozan no sólo los propietarios de sus tierras sino los millones de personas que consumimos la leche, los quesos, los huevos, las verduras, los granos, las papas, las carnes, las frutas y las flores que producen sus suelos privilegiados, y del que gozamos también los que lo consideramos como gestor de orgullos, recuerdos, alegrías y hasta felicidades cuando simplemente lo miramos desde las carreteras.

No ha sido suficiente el artículo 62 de la Ley 99 de 1993 que lo protege. Tampoco los POT han sido eficientes para evitar la construcción de mercados, condominios y bodegas que han sellado ya miles de hectáreas de los mejores suelos del país, han distorsionado el sistema hídrico, han colmado las plantas de tratamiento y los depósitos de basuras, y destruido el paisaje. Es necesario que salgamos a defenderla quienes pensamos que ese socioecosistema único no debe desaparecer.

Creo que el Sistema Nacional Ambiental, y especialmente el Minambiente y la CAR de Cundinamarca, tienen en esa defensa un papel principal, pero pienso que en esa tarea deben obtener, para ser exitosos, la colaboración de alcaldes y concejales, de las familias de campesinos, de los empresarios agropecuarios, de quienes eligieron la Sabana para vivir mejor, de los educadores que saben que en el campo se forman ciudadanos conscientes, de los empresarios turísticos, de los dueños de restaurantes campestres y de aquellos que consideramos su ecosistema indispensable para generar un buen vivir en la capital.

Inclusive, los propietarios recientes y los que tienen casas de recreo podrían estar interesados en que no desaparezca el paisaje que motivó sus inversiones, y los empresarios que tienen planes de construir una urbanización en sus suelos podrían reflexionar acerca de otras alternativas más racionales en el resto de la República, fuera de la altiplanicie, para construir asentamientos urbanos que sean ejemplo de sostenibilidad ecológica, de integración social y de competitividad económica, como lo hemos estado sugiriendo los ambientalistas desde hace años.

No es imposible que una convocatoria del SINA a todos los interesados: campesinos, funcionarios, políticos, empresarios, ciudadanos, genere un diálogo regional en el que todos encontremos alguna solución que evite el ecocidio que se está realizando en la Sabana. 

 

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