Por: Elisabeth Ungar Bleier

¿Quién define los “intereses superiores del país”?

MEDIANTE UN ESCUETO Y CON-fuso comunicado, el Gobierno Nacional sepultó la reforma política que él mismo había impulsado, con el argumento de que la silla vacía “desconocía la eficacia de la política de seguridad democrática para romper los vínculos entre el terrorismo y la política”.

Además, afirmaba que no es conveniente “la pretensión actual de afectar los partidos minoritarios”. Resultan bastante extrañas y paradójicas las explicaciones de la Casa de Nariño y suscitan más preguntas que respuestas.  En primer lugar, el propósito de la silla vacía no era otro que obligar a los congresistas investigados por sus presuntos nexos con la parapolítica a asumir su responsabilidad política frente al país y a sus electores. Y lo que se buscaba era precisamente romper los nexos resultantes de la injerencia de actores armados ilegales en los procesos electorales. A pesar de la política de seguridad democrática, el paramilitarismo y sus aliados políticos lograron cooptar a diferentes actores y sectores del Estado, y el Congreso de la República fue uno de ellos. Por eso, el argumento esgrimido no parece muy sólido.

En segundo lugar, en el proyecto ya se había reemplazado el umbral del 5% —que sí afectaba a los partidos minoritarios— por uno del 3%. Esto hace pensar que la preocupación gubernamental se relaciona más bien con las sanciones a los partidos políticos con congresistas involucrados en las investigaciones por parapolítica, muchos de los cuales hacen parte de la coalición de gobierno. Es decir, que de aprobarse la reforma política, se cumplirían los temores expresados recientemente por el Ministro del Interior, en el sentido de que se afectaría la gobernabilidad. ¿Acaso la gobernabilidad no está estrechamente relacionada con la legitimidad? ¿Y no es cuestionable que nuevamente se busque mantener a toda costa unas mayorías, sin importar quiénes las conforman?

Como si esto no bastara, la muerte de la reforma política no llegó sola.  Casi de manera simultánea, el Presidente anunció la creación de una “comisión de notables” que tendrá a su cargo preparar una serie de reformas constitucionales que seguramente afectarán a las tres ramas del poder público.

 A los interrogantes sobre la pertinencia de una reforma sustancial en medio de una eventual segunda reelección presidencial, se suma el hecho de que estas propuestas deberán ser estudiadas y probablemente aprobadas por el mismo Congreso que por falta de voluntad política de la mayoría de los miembros de la coalición de Gobierno y del apoyo de éste último, no aceptó sancionar a quienes fueron elegidos con la ayuda de actores ilegales. Además preocupa que sea un grupo de “notables”, nombrado por el Ejecutivo, el encargado de determinar los contenidos de lo que el Gobierno definió en el comunicado como “una reforma constitucional (…) ajustada a los superiores intereses del país”. Con esto no solamente se debilita la ya menguada legitimidad del Congreso, sino que se  pierde la oportunidad de lograr un gran acuerdo nacional en torno a las reformas urgentes que el país necesita y reclama y de disminuir la polarización que se ha incrementado con el paso de los días. Ojalá no estemos ante una reforma coyuntural diseñada para otorgarle beneficios a una persona o sector político específico y para maximizar sus posibilidades de ganar unas elecciones y mantenerse en el poder.

* Directora Congreso Visible, Universidad de los Andes.

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