Quién dijo que todo está perdido

El caso 003 de la Jurisdicción Especial para la Paz busca desentrañar esa otra parte de la guerra, la que no se refiere a los secuestrados o desaparecidos de las hoy extintas Farc. Es la otra cara de la moneda, la que se fraguó en las brigadas militares, en diferentes instancias de mando, para inflar el número de “bajas” propinadas a la subversión, registrar el “éxito” de las operaciones de contrainsurgencia y de paso liquidar líderes populares poniéndoles la lápida espuria de guerrilleros.

Siniestro modus operandi, acaso más cruel y de mayor alcance que la modalidad ejercida por la dictadura argentina de lanzar vivos al mar, desde las alturas, en aeronaves del Ejército, a presuntos opositores políticos, con el fin de borrar para siempre su identidad. Los llamaban los vuelos de la muerte.

Pero en Colombia, en pleno disfrute de las libertades democráticas, 6.402 personas murieron de manera ilegítima, al socaire de los llamados “falsos positivos”, es decir, supuestos caídos en combate por la acción de las Fuerzas Armadas. El mayor número de víctimas se registró en el período que va de 2002 a 2008, en el que hubo “un 78% del total de la victimización histórica”, como lo señaló el comunicado oficial de la JEP.

Esto corresponde, por supuesto, a los años dorados de plomo, chuzadas y corrupción en todos los niveles del régimen de Álvaro Uribe Vélez. La época de las grandes mentiras: la victoria contra el terrorismo, mano dura contra los bandidos como nunca había sucedido en Colombia, prosperidad en los campos “antes” sitiados por los terroristas y ahora liberados y puestos a producir, tranquilidad y paz en las carreteras, sin pescas milagrosas ni tomas subversivas, desaparición de los grupos paramilitares mediante una negociación sin concesiones. La única verdad clara, contundente, es que el sueño de tierra arrasada no condujo a la derrota militar de los forajidos, pero sí a un gran deterioro en el respeto a los derechos humanos, con seguimientos, persecuciones y asesinatos.

La estrategia de la JEP para desentrañar los hilos ocultos de esta operación de exterminio, con la que se buscaba llenar cuotas de “bajas” y, con esas cifras inventadas, cantar una ilusa victoria, nos lleva a pensar que es posible –por fin– conocer el mapa y el organigrama reales de la guerra sucia. La llamada Sala de Reconocimiento busca esclarecer los “falsos positivos”, sus responsables y ejecutores en el ámbito local, después regional y, por último, nacional. Si el proceso no sufre mayores contratiempos, conoceremos a los autores intelectuales, dentro del Estado, en las instancias más alta del poder, de una de las tantas y graves ignominias que se han cometido en Colombia.

¿Podrá llegar la justicia transicional hasta ese punto? El Acuerdo de Paz de 2016, muy a pesar del presidente Duque y sus aliados, está dando resultados tangibles en el aspecto más importante y doloroso de todos: saber la verdad. Ya conocemos una parte importante de las atrocidades que cometieron las Farc durante los años más crudos de la confrontación armada, que Uribe y sus áulicos dieron en rebautizar como “amenaza terrorista”. Los excomandantes guerrilleros pidieron perdón por los horrores cometidos durante los años en que el secuestro se convirtió en su principal táctica de finanzas y amedrantamiento de las comunidades, y están en el proceso de dar una respuesta definitiva en su responsabilidad por haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad. En un comunicado dijeron lo siguiente: “Asumimos nuestra responsabilidad y convocamos a los demás actores a sumarse al mismo camino. La guerra en Colombia incluyó diversos actores políticos y militares, nacionales y extranjeros, el reconocimiento de nuestras responsabilidades y de las de esos otros actores es fundamental para garantizar la No Repetición de los hechos que nos llevaron a un conflicto social y armado de más de 50 años”.

Por su parte Uribe, en respuesta a la JEP, vuelve por sus fueros. Califica de “atropello” lo publicado por esa institución sobre los “falsos positivos”, descalifica las cifras aportadas como provenientes de organizaciones “enemigas declaradas del gobierno que presidí” y, en suma, el expresidente se pinta a sí mismo como un adalid de la democracia, que le dio garantías a la oposición y nunca fue mal ejemplo para las tropas.

¿Están dispuestos los dirigentes del establecimiento a reconocer que por acción, omisión o interpuesta persona, también contribuyeron de manera decidida a una degradación sin límite de la guerra, en la que se cometieron los crímenes más aberrantes?

La respuesta de Uribe no despierta optimismo, pero por fortuna la justicia no empieza ni termina en la venalidad y los caprichos de un caudillo decadente. El proceso de justicia transicional ha cogido impulso y sus resultados serán también un aliciente para que la ciudadanía entienda los beneficios de una paz centrada en las víctimas, con verdad y reparación.

Un dato adicional: la campaña política del año entrante tendrá, dentro de sus puntos de debate, los que apoyan los resultados de la JEP, por más duros que sean, y los que siguen empeñados en ocultar o evadir sus responsabilidades. Esto va sin duda más allá de la insulsa polémica “centro” versus “extremismo”. Y por lo tanto, puede facilitar de alguna manera ciertas negociaciones políticas dentro del sector alternativo.

Sigue en pie, en medio de grandes dificultades, la posibilidad de una Colombia muy distinta a la que nos han entregado sucesivos gobiernos marcados por la violencia. Al parecer, no todo está perdido.