¿Quién le pone el cascabel a Google?

Noticias destacadas de Opinión

El Departamento de Justicia inició una demanda contra Google ante la Corte del Distrito de Columbia en EE. UU. por comportamiento anticompetitivo. La decisión de la Corte puede significar cambios importantes en el poder corporativo detrás de internet.

A mediados de 2019 el sitio de internet How much -que hace visualizaciones con datos para “explicar el dinero”, y ayudar a tomar decisiones económicas- se preguntó: ¿quién es más poderoso, los países o las empresas? Y para responder esa pregunta comparó el valor monetario del “Producto Interno Bruto” de los países con el valor en bolsa de grandes empresas. Entre ellas estaba Alphabet, la casa matriz de Google; su valor fue superior al PIB de 38 países subsaharianos que representan el 70% del territorio de África. Aunque esto es una comparación entre peras y manzanas, no deja de ser interesante ver datos económicos de esta forma, nos hace dimensionar el mundo en el que vivimos.

Más datos, su buscador Google es usado en el 92,07% de los casos y su sistema operativo Android está presente en el 86% de los teléfonos celulares que fueron distribuidos en 2019. El 84.2% de los sitios que usan herramientas de análisis de tráfico usan Google Analytics y podríamos seguir la lista. De hecho, que se investigue a esta empresa por prácticas anticompetitivas no es nuevo, ya ha habido incluso decisiones con multas en Europa.

Lo nuevo es que, aunque la demanda aviva la polémica sobre la intencionalidad de la administración Trump con las grandes empresas tecnológicas, en EE. UU. todo el espectro político reconoce que estas tienen la capacidad para dar forma al comercio, al debate público, a los medios y a la publicidad y por eso llevan un tiempo pensando en cómo ponerle el cascabel al gato. Así el proceso será contra Google, pero puede servir como ejemplo para regular a otras grandes (las GAFA; Google, Apple, Facebook y Amazon).

La investigación del Departamento de Justicia se centra en el buscador y en los acuerdos con Apple y, además de multas, se especula que la decisión podría incluir obligar a la empresa a romperse en diferentes unidades o prohibirle adquirir nuevas start ups.

En la prensa se sostiene que el caso se parece al que enfrentó Microsoft hace un par de décadas. Una serie de procesos legales, como el que ahora se anuncia contra el buscador por prácticas anticompetitivas, tanto en EE. UU. (1998), como en Europa (en la década siguiente), hicieron que Microsoft tuviera que dar a sus clientes la opción para que instalen otros navegadores desde Windows. Así se favoreció el desarrollo de competidores como Firefox o Chrome.

La comparación es útil porque para la mayoría de personas es muy difícil saber que hay alternativas a Google. En buena medida esto se debe a que es el buscador omnipresente en prácticamente todos los dispositivos donde llega preinstalado y como opción predeterminada. Por ejemplo, en los celulares Google lo incorpora en su sistema operativo Android y además negocia con Apple para que lo instale también en los iPhone. Sin embargo, la empresa investigada alega que existen competidores y que la gente usa Google por elección, y sobre sus acuerdos, dice Google que simplemente paga por tener el mejor sitio en el exhibidor -como los cereales en un supermercado-. El caso apenas comienza y no se resolverá pronto.

Debido al importante impacto que la tecnología está teniendo en nuestras vidas, a su masificación y al evidente y creciente poder que estas empresas han desarrollado, es claro que la regulación de estas actividades se acerca y las normas de competencia parecen llevar la delantera. Pero, eso no es tan fácil como suena, menos si se vive en Colombia.

Desafortunadamente esta no es solo es una visión muy comercial del poder, que deja de lado preocupaciones sustanciales sobre su impacto en el ejercicio de derechos humanos, sino que además es una forma de regulación muy localizada. Se trata de decisiones de autoridades nacionales que tienen muchas complejidades y dificultades para replicarse. Una de estas complejidades -que ya se advierte en EE. UU.-, es que las normas de competencia también están desactualizadas, no tienen claridades sobre cómo abordar productos que son gratis para el consumidor final. Pero, sobre todo, tomando como ejemplo el caso de Microsoft, la decisión fue tomada en EE. UU. y Europa en procesos que duraron años, en Colombia nunca sucedió y por tanto el monopolio de Internet Explorer se mantuvo, hoy perdió mercado no por decisiones de autoridades locales sino por obsolescencia.

En el fondo a lo que nos enfrentamos es a lo que Lawrence Lessig describió hace 20 años como El Código es la Ley. El principal desafío para regular la tecnología es que las actividades cotidianas que solían responder a mecanismos de gobernanza pública -dependían de marcos jurídicos donde se discute el interés público y se tiene como objetivo la justicia social y la equidad-, ahora están sujetas a formas de gobernanza privada que dependen de mecanismos atados a otras lógicas y determinados por una tecnología que no es transparente para cualquier persona.

Piense en cómo nos informamos, cómo votamos, cómo nos movilizamos hoy en día, todas esas actividades están cada vez más mediadas por plataformas tecnológicas. Me preocupa más pensar en ¿cómo vamos a recobrar gobernanza sin afectar derechos e impactar el desarrollo económico? Si el camino son las normas de competencia, ¿cómo responderán nuestras autoridades regulatorias que son más débiles en esos ejercicios de poder? Sí, ya no basta la autorregulación -vamos hacia la regulación de las plataformas-, ¿cómo abordaremos ese desafío por acá?

Comparte en redes: