Por: María Clara Torres

¿Quién responde?

Según el Banco de Datos del CINEP, entre 2001 y 2008, las Fuerzas Militares presentaron como muertos en combate a 646 personas ejecutadas extrajudicialmente.

La gran mayoría de estos crímenes, el 78%, fueron perpetrados en los últimos tres años, luego de que a finales de 2005 el Gobierno expidiera la directiva ministerial firmada por Camilo Ospina, a través de la cual se definió el pago de recompensas por la captura o el abatimiento en combate de las cabecillas de organizaciones armadas al margen de la ley.

La ONG de derechos humanos pone al descubierto casos de “falsos positivos” a lo largo y ancho del país: desde Putumayo hasta La Guajira, y desde Chocó hasta Arauca. La organización  registra casos en 27 de los 32 departamentos del país, que comprometen el accionar de por lo menos 57 batallones del Ejército Nacional.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación revela un esquema sistemático en el planeamiento y en la ejecución de los “falsos positivos”: un coronel da la orden de efectuar los crímenes, mientras la tropa se encarga de asesinar a las víctimas, enterrarlas en una fosa común como N.N, y luego presentarlas como dadas de baja en un supuesto enfrentamiento.

En los “falsos positivos” confluyen militares, paramilitares y prácticas inveteradas de limpieza social. Con el fin de mostrar resultados operacionales, los militares entran en contacto con bandas de civiles armados, quienes les ayudan a identificar víctimas. Escogen hombres cuyas muertes, según sus cálculos, no suscitarían mayor indignación por parte de la sociedad: hombres condenados al olvido y a la marginalidad. Sin embargo, en el caso de Soacha, sus madres se convierten en actores políticos, exigen justicia, denuncian la desaparición de sus hijos ante los organismos judiciales, asisten a debates en el Congreso, dan declaraciones a la prensa y obtienen finalmente la atención de algunos organismos internacionales.

Mientras tanto, la Fiscalía acusa y dicta medida de aseguramiento a militares de rangos medios y bajos por asesinar a jóvenes “con un futuro fracasado”. La Procuraduría plantea que el hecho de ser “personas indeseadas socialmente y con antecedentes penales no justifica que se haya dispuesto de sus vidas”.

Los “falsos positivos” registrados en los cuatro puntos cardinales del país no son coincidencias fortuitas, sino el producto de un importante grado de coordinación.  En otras condiciones, esto implicaría la responsabilidad política y jurídica de toda la cadena de mando. Por el momento, los Generales destituidos no han sido investigados y ni un solo comandante de División o de Brigada ha sido involucrado en las diligencias judiciales. Y como si fuera poco, de ser nombrado fiscal, Camilo Ospina tendría la responsabilidad de investigar los casos de “falsos positivos” que  se recrudecieron durante su paso por el Ministerio de Defensa.

* Investigadora CINEP-Odecofi

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