Por: Elisabeth Ungar Bleier

¿Quién ronda la Ley de Garantías?

El anuncio del presidente Santos sobre la derogatoria de la Ley de Garantías ha generado un sinnúmero de reacciones, la gran mayoría contrarias a la iniciativa.

Recordemos que esta ley se expidió para contrarrestar el desequilibrio de poderes que se generó con la aprobación de la reelección presidencial. Su propósito era garantizar la igualdad de condiciones para los candidatos a la Presidencia “cuando el presidente de la República en ejercicio aspire a la reelección o el vicepresidente de la República aspire a la elección presidencial”, reglamentar “la participación en política de los servidores públicos y las garantías a la oposición”.
 
Los principales críticas han girado en torno al tinte populista y oportunista de esta medida, que fue vista como una forma de obtener el apoyo político de los mandatarios locales en las próximas elecciones de octubre. Otros señalaron que se iba a desbordar el gasto público y que el incremento de las inversiones no contribuiría a dinamizar la economía del país.
 
Si bien estos argumentos pueden tener fundamento, el problema de fondo no radica en la existencia o no de esta norma, sino en que se cumpla el espíritu que le dio origen. En todas las elecciones realizadas desde su promulgación hubo acusaciones sobre la utilización de recursos del Estado para favorecer a determinados candidatos o partidos políticos. Además, en las semanas previas a la entrada en vigencia de la ley, se volvió costumbre firmar millonarios contratos, muchos de ellos con el propósito de favorecer a determinados sectores políticos y para superar la ya tradicional, pero no por ello menos preocupante, subejecución presupuestal, resultante de problemas estructurales en los procesos de planeación. No obstante, las investigaciones y, sobre todo, las sanciones a los responsables han brillado por su ausencia.
 
El debate debe centrarse en cómo se toman las decisiones sobre la destinación y ejecución de los recursos públicos, quien las toma y qué mecanismos de control se utilizan para evitar que éstos sean desviados con fines electorales y políticos. Es decir, para impedir que se conviertan en un factor de inequidad en el proceso electoral y en un nuevo generador de corrupción. Esto no pasa por una mayor centralización y concentración de poder en las entidades del orden nacional, sino por acciones concretas para fortalecer y profesionalizar las capacidades institucionales de las entidades departamentales y municipales; para garantizar que las normas existentes se cumplan, que los órganos de control y sanción actúen oportuna y eficazmente, y que haya sanciones ejemplarizantes contra quienes las transgredan; que las autoridades electorales ejerzan sus funciones con celeridad e imparcialidad; que se generen condiciones para activar un efectivo control ciudadano a la gestión de lo público, y que las actuaciones de los servidores públicos, incluyendo a los jueces y magistrados, respondan a los principios de máxima transparencia y publicidad. Si esto no se logra, con o sin Ley de Garantías la corrupción electoral seguirá rampante.
 
Nota: Con la muerte de Carlos Gaviria el país perdió a un demócrata radical y a un gran ser humano.

 

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