Por: Cartas de los lectores

¿Racismo en la Corte Suprema?

Una serie de interrogantes deja la manera como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han seleccionado a los nuevos magistrados de descongestión de la Sala de Casación Laboral de aquella corporación. En la convocatoria de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se inscribieron 247 aspirantes. Después de una revisión minuciosa fueron preseleccionados, por cumplir todos los requisitos, 143 profesionales, que posteriormente fueron convocados a entrevistas. Luego de ese proceso se seleccionaron 120 aspirantes, organizados en 12 listas de candidatos elegibles, de diez aspirantes cada una: 44 mujeres y 76 hombres, de los cuales tres eran afrodescendientes. Listas que fueron enviadas a la Corte Suprema de Justicia para que procediera a la elección de los 12 magistrados.

El 20 de abril, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia realizó un nuevo proceso de entrevistas a los aspirantes. Entrevistas que aparecen publicadas en su página web. Entre los citados a entrevistas en la Corte aparecen tres profesionales afrodescendientes, incluidos en las listas 2, 5 y 9. De acuerdo con los videos, solamente dos se presentaron a la entrevista. Es decir, esos dos afros pasaron todos los filtros del riguroso proceso y hasta allí todo parecía un proceso de selección transparente.

La sorpresa se presentó el 27 de abril, cuando la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia publicó en su página web la lista de los diez magistrados elegidos para que integraran la Sala en mención: siete hombres mestizos y tres mujeres.

Lo que parece un poco sospechoso es el hecho de que la Corte debió elegir 12 magistrados y solamente eligió 10, y entre ellos no tuvo en cuenta las cuotas a que hace referencia la discriminación positiva, en beneficio de las minorías étnicas. Y más aún cuando se sabe que los dos afros son idóneos, tienen excelentes hojas de vida, experiencias probadas como juristas y funcionarios públicos en ramas afines. Sin embargo, no fueron tenidos en cuenta.

Pese a que no existe una ley que fije una cuota para los afros, se habla de un 15 % en los altos cargos del Estado, basado en el principio constitucional de la discriminación positiva. En varios fallos, la Corte Constitucional ha protegido las acciones afirmativas a favor de las minorías étnicas. En virtud de que son contados los negros que han ocupado altos cargos en la historia del poder judicial colombiano. De hacerse una investigación sobre las estadísticas de la participación de indígenas y negros en las altas dignidades de los tribunales de justicia colombiano desde el nacimiento de la República, seguramente la cifra será vergonzosa ante los ojos del mundo.

Este nuevo episodio en la Corte Suprema de Justicia demuestra que en una sociedad como la colombiana, desigual, clasista y excluyente, seguirá siendo difícil que un hombre o mujer negros e indígenas lleguen a las más altas dignidades del Estado. No es que los negros y los indígenas no tengan las formaciones, las capacidades académicas y éticas para ocupar altas dignidades en el Estado, sino que en la conciencia de la mayoría de la población colombiana que se cree “blanca” y superior, continúan con los prejuicios de que los indígenas y los negros son personas inferiores e incapaces.

Una “superioridad” sustentada en las falacias de la creencia de una “supremacía racial”, especialmente en las élites que gobiernan y controlan los centros de poderes del país y continúan pensando que los indígenas y los negros son incompetentes de formar parte de las élites que gobiernan el país.

Lo que acaba de suceder con los aspirantes afros en la selección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia es una muestra clara de que por la discriminación se les siguen quitando oportunidades a las minorías étnicas en el país.

Todavía seguimos viviendo los rezagos de la herencia colonial con un endémico racismo y una enfermiza discriminación racial abierta y soterrada contra las minorías. Prejuicios que han impedido que miembros de estas minorías tengan una mayor representatividad en la estructura del Estado. Por esa arraigada discriminación racial, la población indígena y la negra tienen los peores índices de calidad de vida en el país. Por esos ancestrales imaginarios son contados los negros e indígenas que hacen parte de las altas dignidades del Estado y del sector privado.

Ni con las leyes, ni con una serie de sentencias judiciales se ha podido romper con las cadenas del racismo y la discriminación en el país. En el 2014 se presentó un proyecto de ley que buscaba que el 15 % de los cargos de alto nivel decisorio en el Estado fueran ocupados por personas negras. En el 2015, con otro proyecto de ley, también se pretendió establecer una cuota mínima para el acceso de las minorías étnicas a la educación superior. Ambas iniciativas naufragaron por falta de voluntad política del Estado.

Han sido tan endémicas la desigualdad, la exclusión y la discriminación contra la mujer y las minorías étnicas, que han sido por presiones de los organismos internacionales y las luchas de las minorías en contra del racismo y la discriminación sistemática del Estado, que en las últimas décadas se han tenido que promulgar leyes para abrir espacio de poder a estos segmentos de la población colombiana.

Hace 25 años de la Ley de Negritudes y 17 años de que, después de cinco fracasos y por el tesón de las luchas de los colectivos de mujeres, se aprobara la Ley 581 de 2000, que consagra que el 30 % de los cargos del máximo nivel decisorio serán ocupados por mujeres en las entidades de las tres ramas del poder público en todos sus niveles dentro de la estructura del Estado. Una norma que en muchos casos se viola permanentemente por parte del propio Estado. En conclusión, en la sociedad colombiana ser negro es una limitante para acceder a las altas dignidades del Estado. Lo que acaba de suceder con la cuota afro en la elección de los magistrados de descongestión debe generar un enérgico rechazo contra del racismo y la discriminación racial en Colombia.

José E. Mosquera.

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