Rappi, el unicornio que usted subsidia

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“Se fueron varios, varios muchachos se asustaron”, dice Édgar mientras un agente de Migración Colombia le toma los datos en una planilla. Las luces de la camioneta titilan y el agente lleva esposas al cinto. Justo cuando empezaba la concentración de rappitenderos en Bogotá, para protestar contra lo que dicen es un modelo de “explotación laboral”, llega la patrulla de Migración a revisar documentos. Otros policías que esperaban la concentración en la calle 85 con 15 retienen cédulas y revisan antecedentes. “Nunca los había visto por acá”, le dice Edgar al agente de Migración, “están revisando el PEP para bloquear cuentas”, me dice a mí.

La idea de que las autoridades colombianas trabajan de la mano de Rappi es una queja recurrente (y no confirmada) de estos trabajadores. Además de la coincidencia entre la protesta y la presencia de Migración, denuncian que la Policía los detiene constantemente, entre otros, para revisar que los números de sus maletas concuerden con su identificación de rappitenderos. Bajo las reglas de Rappi, la única plataforma colombiana avaluada en más de 1.000 millones de dólares (los famosos unicornios), está prohibido intercambiar o vender la maleta que cada uno debe comprar a la compañía. ¿Por qué la Policía pagada con impuestos de todos los colombianos hace cumplir normas de una compañía privada que sirven como fuente de ingreso para su propio lucro?

“La economía del bien común”, como la llamó David Luna, el presidente de la Alianza In, el nuevo gremio de las plataformas tecnológicas, parece más la del bien privado. Luna mismo, el exministro de las TIC de Santos, muestra que los vínculos entre estas compañías y el gobierno son estrechos. Al menos mucho más estrechos que con las cerca 200.000 personas que trabajan en estas plataformas en Colombia, con tasas de informalidad más altas que las del resto de la población ocupada, según un reciente estudio de Fedesarrollo financiado por Rappi.

Según Fedesarrollo, en promedio los trabajadores de plataformas ganan 785.000 pesos al mes, sin contar lo que aportan en gasolina o bicicletas. Esto, a pesar de que la mayoría, el 51 %, tiene educación terciaria y son altamente educados. Para el 80 % este trabajo es su fuente de ingreso principal. Apenas el 17% pertenece a población migrante. Tomada antes de la pandemia, esta es la imagen de una economía que se lucra del talento desaprovechado por las precarias oportunidades del mercado laboral colombiano.

Pero incluso ahora Rappi despliega mecanismos agresivos para conservar sus propios beneficios y socavar cualquier tipo de reclamo colectivo de sus trabajadores. El motivo principal de la manifestación fue el sistema de puntos con el cual la compañía crea un esquema de subordinación de facto, es decir, una relación laboral. Los rappitenderos deben acumular puntos para que la aplicación les permita trabajar en las mejores zonas de las ciudades, las más ricas, como Chapinero en Bogotá. Para acumular estos puntos deben aceptar un alto número de pedidos que frecuentemente requieren recorrer grandes distancias por pocas ganancias. Si el rappitendero no toma un pedido pierde puntos, una forma de sanción que confirmaría la subordinación. Sin embargo, sorpresivamente, el pasado sábado cuando se citó a la manifestación, la zona codiciada de Chapinero apareció abierta para todos los trabajadores, socavando la protesta.

A este sistema de puntos se suman las quejas contra Rappi por el porcentaje importante del valor del domicilio que retienen, además del porcentaje que les cobra a las compañías que ofrecen sus productos. También se quedan con un porcentaje de las propinas adicionales que les dan a través de la aplicación, según me dijo otro rappitendero.

A diferencia de otras plataformas como Domicilios.com, Rappi no reconoce un vínculo laboral con sus trabajadores y no destina ni un peso a sus contribuciones de seguridad social o de riesgos laborales. Cuando uno de sus trabajadores sufre un accidente o se enferma, el sistema de salud financiado por los trabajadores formales y el gobierno colombiano corren con esos gastos. Todos subsidiamos a Rappi, que ni siquiera ha cumplido con su promesa de adaptar lugares para que sus rappitenderos no tengan que esperar pedidos bajo sol y lluvia en los andenes. Y ahora además les ponemos Policía y Migración para intimidar a sus trabajadores cuando protestan. ¿Dónde está el bien común?

@danielpacheco

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