Por: Antanas Mockus*
Soy un convencido de que la herramienta más poderosa de transformación política y cultural es la pedagogía. Esta actitud no se está cumpliendo con la reforma a las TIC que promueve el gobierno. Cuando hay intereses empresariales que se maquillan por una causa social, yo me distancio y brindo argumentos para que en el debate público evaluemos estos proyectos.
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La intención del proyecto de ley que busca modernizar el sector de las TIC es loable: disminuir la inequidad que existe en el acceso a internet en Colombia y replantear la manera en que funcionan las comunicaciones en el país, son dos objetivos necesarios y pertinentes. Ahora, lo que se apruebe con este proyecto afecta, para bien o para mal, la cultura.
Es por estas razones que un grupo de congresistas y ciudadanos hemos insistido en que el proyecto merece ser discutido detenidamente. Aprobar concesiones a 20 años y renovar contratos de largo plazo, con reglas de juego que parecen beneficiar grandes empresas nacionales e internacionales, merece debate y ventilación pública. ¡Despacio, vamos de afán!
Decisiones de este tamaño, deben pasar por consultas previas y por audiencias públicas. En otras palabras, se debe asumir en este proceso legislativo la democracia deliberativa y analizar rigurosamente las consecuencias que está planteando el proyecto de ley.
Este proyecto es necesario y muy relevante para el país, amerita ir despacio.
Algunos expertos preguntan:
- ¿Cómo garantizamos que este proyecto no ponga en riesgo la televisión pública, al darles claras ventajas en los permisos a los canales privados? Yo creo que sí.
- ¿No existe detrimento patrimonial en cuantía equivalente o superior a $256.000 millones, al eliminar, en el artículo 7, 13 y 23 del proyecto de ley, el derecho adquirido por el Estado al pago de las prórrogas de la concesión de televisión abierta ya pactadas entre la Autoridad Nacional de Televisión y los canales privados?
- ¿Por qué no avanzar hacia la autonomía de las comisiones de regulación que impera en otras latitudes a semejanza del banco de la República, por qué retrocedemos y convertimos a la Comisión de Regulación en subalternos del ministerio. ¿No hay vulneración de derechos laborales frente a los servidores públicos que tendrían que salir?
- ¿Este mensaje de urgencia injustificado puede arrastrar al Congreso a aumentar su desprestigio de votar irreflexivamente?
Discutamos estos asuntos con calma y con la ciudadanía. No hay afán y podemos hacer de este proceso un ejemplo de pedagogía generalizada. No “pupitriemos” y sí discutamos, hagámoslo de manera no atajista, y sí admirable.
En nuestro caso, por falta de mayor ilustración y discusión, votaremos negativamente este proyecto de ley. Tengo la esperanza que el proceso de asimilación pública sea real y el proyecto sea discutido en 2019.
*Senador de la República.