¿Rebeldes o criminales?

No es cierto que con la puesta en funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición se les haya negado a las antiguas Farc su condición de rebeldes, como algunos sugirieron recientemente. Por el contrario, uno de sus primeros desarrollos fue la aprobación de una ley de amnistía que cobija a todos los integrantes de esa organización rebelde por los delitos políticos que hubieran perpetrado y por los que internacionalmente suelen ser reconocidos como conexos con ellos.

Ese tratamiento especial que históricamente han tenido los delitos políticos no significa, sin embargo, que al amparo de ideas revolucionarias se puedan cometer impunemente cualquier clase de crímenes, como debe saberlo todo aquel que se levante en armas contra el Estado. Desde hace muchas décadas esos excesos son objeto de un severo reproche a nivel mundial y han sido reiteradamente castigadas por jueces nacionales, tribunales ad hoc y más recientemente por la Corte Penal Internacional.

El Estado colombiano reconoció tempranamente la condición de rebeldes de las Farc, amnistió sus delitos de naturaleza política y una de las salas de la JEP sigue ocupándose de analizar las solicitudes individuales que en ese sentido presenten los desmovilizados.

Simultáneamente, otras salas y secciones de la JEP se ocupan de investigar si quienes integraron ese grupo alzado en armas, además de realizar delitos estrictamente políticos, violaron las normas que internacionalmente rigen los conflictos armados. Quienes no lo hicieron serán simplemente delincuentes políticos y sus conductas estarán cobijadas por la amnistía. Los que, por el contrario, incurrieron en delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra no solamente son rebeldes por su alzamiento en armas, sino que también son delincuentes de lesa humanidad y criminales de guerra.

Si además esos hechos fueron cometidos siguiendo lineamientos de un mando superior, entonces la responsabilidad no se agota en los individuos que los ejecutaron materialmente, sino que abarca a quienes al interior de la organización los fomentaron o permitieron. Quienes en cualquier nivel incurrieron en ellos son considerados como parte de una organización criminal en relación con esas actuaciones, en la medida en que solo una estructura jerárquicamente organizada puede conseguir que los subalternos sigan las directrices de sus superiores incluso cuando ellas consisten, como en este caso, en la comisión de delitos como la toma de rehenes.

Sin embargo, la responsabilidad por esos hechos no hace desaparecer respecto de ellos su condición de rebeldes en cuanto autores de otra clase de delitos: los políticos y los conexos con ellos.

No hay entonces ninguna inconsistencia entre la imputación de la JEP y el Acuerdo de Paz. El reconocimiento de las Farc como organización rebelde llevó a que se los amnistiara por los delitos políticos que cometieron. Ahora que el Estado ha honrado esa parte de lo acordado, les corresponde a los antiguos integrantes de la guerrilla cumplir lo que en este ámbito se convino, es decir, reconocer los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad en que hayan incurrido.