Por: Armando Montenegro

Recesión y gasto público

SEGÚN TODAS LAS DEFINICIONES, Colombia ya está en recesión. Las cifras preliminares muestran que también en el primer trimestre de 2009 la economía colombiana tuvo un crecimiento negativo. El desempleo ya se acerca al 14% y debe bordear el 16% en el segundo semestre.

Para todo 2009, el FMI, usualmente optimista, ya habla de un crecimiento del PIB de 0%. La mayoría de los observadores estima caídas del crecimiento entre 1% y 3%.

Hasta ahora no hay un plan de acción para hacer frente a la situación. Salvo anuncios para tratar de mantener el optimismo y la confianza, poco o nada se ha hecho.

El llamado “plan de choque” de inversión en infraestructura, por $55 billones, no es más que un esfuerzo de relaciones públicas. No tiene nada de choque y muy poco del Gobierno. De los $55 billones, $32 billones corresponden a un estimativo, optimista e irreal, de inversiones del sector privado en 2009. De los $23 billones que quedan, $13 billones son inversiones de Ecopetrol —no son del Gobierno—, que buena parte se está gastando en el exterior (tampoco debieron sumarse al plan de choque). Finalmente, de los $10 billones restantes, sólo $6 billones están en el presupuesto nacional (los demás son gastos de municipios, departamentos, corporaciones regionales). Y de los $6 billones del presupuesto, $3 billones corresponden a gastos en vías. La conclusión es que lo poco en el plan que, de verdad, puede impulsar el Gobierno Nacional está en manos del Ministerio de Transporte, el peor ejecutor del sector público en muchas décadas (las cifras presupuestales, además, son las mismas de octubre pasado, cuando el Gobierno pensaba que la economía iba a crecer 5%).

Las medidas para enfrentar el creciente desempleo son semejantes. No van más allá de los rutinarios anuncios de retener a unos cuantos muchachos en el Sena; impulsar algunos programas de vivienda social (lo que siempre se dice) y un par de cositas más. El Gobierno se niega, en contra del concepto de todos los expertos, a mirar siquiera los temas del mercado laboral, los parafiscales y las regulaciones salariales.

Queda la posibilidad de que sí se haga algo para enfrentar la crisis; de que el Congreso y el Gobierno estudien un verdadero aumento del gasto público que compense la caída de la inversión y del consumo privado. Pero deberían tenerse en cuenta tres restricciones: (i) la capacidad de endeudamiento del Gobierno (como no se ahorró en la época de la burbuja, un excesivo aumento de la deuda podría conducir a una crisis de las tasas de interés, con un grave deterioro del valor de los portafolios privados); (ii) la capacidad de ejecución de los distintos organismos públicos (nada se sacaría dándoles plata a ministerios que no pueden gastar o que gastan mal); (iii) debe evitarse que los mayores gastos del Estado se desvíen a financiar la campaña electoral que se avecina, incluida la reelección. Sería absurdo que, a nombre del keynesianismo, se hiciera todavía más desigual la lucha de quienes tratan de llegar al poder sin el apoyo de la nómina y el presupuesto nacional.

El plan para hacer frente a la recesión y el desempleo debería ser el resultado de un acuerdo de todas las fuerzas políticas. No debería ser una imposición arbitraria, ventajista y antitécnica de las mayorías. Debería tener, ante todo, legitimidad profesional y política.

 

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