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hace 13 horas
Por: Yohir Akerman

Reconfirmando la verdad

El exministro Fernando Londoño Hoyos con su programa de radio ha intentado adueñarse de lo que él concibe como unas verdades inapelables y se ha parado en un estandarte superior de la moralidad. Por eso es importante recordar de su expediente por qué los diferentes entes judiciales han encontrado que se ha comportado como un abogado ventajoso y un funcionario público que usa el poder para el beneficio personal.

Empecemos por el 16 de noviembre de 2004 cuando el procurador general del momento, Edgardo Maya Villazón, inhabilitó al doctor Londoño para ocupar cargos públicos por 15 años después de encontrarlo culpable de utilizar su posición como ministro del Interior y Justicia en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez para sacar provecho personal.

La Procuraduría encontró que el ministro Londoño intervino ante el Invías para que esta entidad le pagara una deuda a una empresa de la que Londoño había sido abogado apoderado.

Una joya.

Sigamos con lo más reciente, cuando el pasado miércoles 30 de octubre la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la devolución de más de 145 millones de acciones de Invercolsa adquiridas por Londoño Hoyos de manera irregular.

La historia comenzó cuando la compañía Ecopetrol decidió vender una empresa llamada Invercolsa, que manejaba un portafolio de inversiones de la petrolera. Ecopetrol, por estatutos, tenía que ofrecer las acciones de Invercolsa primero a sus trabajadores a un precio preferencial.

En 1997 el doctor Londoño tomó ventaja de que en el pasado había defendido a Invercolsa como abogado bajo la figura de honorarios y se presentó como trabajador directo de la empresa para comprar las acciones.

Y lo hizo únicamente con la cédula.

Resulta que el abogado Londoño fue parte de la junta directiva del Banco del Pacífico entre 1994 y 1998. Gracias a esa relación con el banco, Londoño logró un préstamo por $9.264 millones a una tasa preferencial para comprar el 20% de las acciones de Invercolsa, que tiempo después vendió con una alta ganancia. Es importante mencionar también que en esos años ese banco entró en dificultades que llevaron a su intervención por la Superintendencia Bancaria y la liquidación en 1999.

En pocas palabras, el abogado Londoño Hoyos compró unas acciones a las que no tenía derecho, sin poner un peso propio y en condiciones preferenciales. Después las vendió logrando un alto retorno de la operación. Un gran abogado.

La decisión de la Corte Suprema reconfirmó lo que otros entes habían establecido en instancias diferentes y es que Londoño Hoyos no fue trabajador sino contratista de la empresa, por lo cual no podría participar como exempleado en el proceso de democratización de las participaciones accionarias. (Ver SC4654-2019).

Pero vamos atrás para entender.

Para sustentar su posición de extrabajador, Londoño demandó en marzo de 1998 a Invercolsa ante el Juzgado Noveno Laboral, reclamando unas prestaciones no pagadas.

Londoño, a través de su firma de abogados, tenía un contrato de prestación de servicios profesionales con Invercolsa, vínculo que no era de dedicación exclusiva. En otras palabras, Invercolsa era uno de los muchos clientes que tenía su firma.

Después de la salida de Londoño, se decidió que Invercolsa requería en realidad una persona de tiempo completo y por eso nombraron como presidente de la misma al exministro Enrique Vargas Ramírez. Este sí tenía un contrato laboral en forma de dedicación exclusiva y su condición de trabajador nunca ha sido puesta en tela de juicio.

Bajo la administración de Vargas Ramírez, Londoño Hoyos decidió que si él reclamaba una condición de trabajador comparable a la de su sucesor podría participar en la compra de acciones en forma privilegiada como parte del sector solidario.

De esa manera le solicitó a Vargas Ramírez un documento que certificara su condición de empleado de Invercolsa. La respuesta fue un documento descriptivo que no se comprometía con ninguna conclusión sobre la condición de trabajador o no de Londoño Hoyos.

Con este documento, Londoño Hoyos se presentó en la firma de corredores de bolsa Corredor y Albán, la cual aceptó esa constancia como un certificado laboral, permitiéndole comprar más de $9.000 millones en acciones.

Algunas personas llaman a eso fraude.

Con esa operación, Ecopetrol perdió el control de la empresa, por lo cual no pudo llevar a cabo la venta de la misma que tenía planeada.

Las participaciones de los socios mayoritarios quedaron con Ecopetrol siendo dueño del 31,75%, el industrial José Urbina Amorocho del 34,8%, y Londoño Hoyos con el 20,11%. La jugadita de Londoño Hoyos generó revuelo y Ecopetrol instauró acciones jurídicas.

Según reportó la revista Semana, en ese momento se creó un conflicto en la junta directiva, en el cual cada una de las partes desconfiaba de la otra y no era fácil tomar decisiones, por lo que se requería una persona neutral que les diera garantías a todos. Londoño sugirió el nombre de Marta Lucía Ramírez, la actual vicepresidenta, quien no sólo era cercana a él, sino también a Antonio Urdinola, quien en ese momento era presidente de Ecopetrol. A finales de 1997 Marta Lucía se posesionó.

Pocas semanas después Londoño Hoyos decidió hacer otra jugadita para neutralizar las acciones jurídicas de Ecopetrol contra él y demandó a Invercolsa para que le reconociera sus derechos laborales, utilizando la certificación que le había dado Enrique Vargas como evidencia. Pero eso no le salió bien.

La encargada de responder la demanda fue la entonces presidenta de Invercolsa, Marta Lucía Ramírez, quien contrató al abogado laboralista José Enrique Arboleda Valencia para el tema y este conceptuó que era absurdo que Londoño pretendiera haber tenido una relación laboral con Invercolsa. Marta Lucía lo respaldó y el proceso se inició. (Ver El secreto de Marta Lucía).

Tiempo después Marta Lucía llegó al Ministerio de Defensa en el gobierno de Uribe Vélez, mientras Londoño aterrizaba en el Ministerio del Interior y de Justicia.

Ahora, más de 20 años después, la Corte Suprema le puso punto final a este escándalo reconfirmando que hay que anular la venta de las acciones, el abogado tiene que regresar más de 145 millones de acciones de la compañía y no se le reintegrará nada de lo que invirtió. La justicia le hizo llegar la hora de la verdad al exministro del Interior y Justicia Fernando Londoño Hoyos.

@yohirakerman, [email protected]

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