Por: Hernando Roa Suárez

Reflexiones político-democráticas (III) Antipolítica y Estado.

Sin Estado de derecho no habrá democracia ni paz estable y creativa.

Política y antipolítica. Si retomamos la política —como arte y como ciencia— los ciudadanos no podemos razonablemente prescindir de la actividad política. Tenemos sí que cuestionar las prácticas politiqueras y los estudios asistemáticos realizados a nombre de la ciencia política. Algunos, sin embargo, han optado por la antipolítica. En el siglo XX se presentaron varios casos de militares que, amparados en ésta, alcanzaron el poder en el decenio de los setenta (Argentina, Brasil, Chile…), cuyas consecuencias todavía se perciben. ¿Olvidaremos el sacrificio inútil de Las Malvinas? De otro lado, en 1973, al acceder al poder el señor PINOCHET, una de sus primeras medidas fue proscribir los partidos políticos. El mundo conoce hoy el talante de este dictador, traidor a su juramento e indelicado utilizador del patrimonio público del Estado chileno.

Complementariamente, en el Perú de los noventa, la crisis económica, las deficiencias de los partidos políticos tradicionales y el poder desestabilizador de la banda terrorista Sendero Luminoso, impulsaron el proyecto político del señor FUJIMORI, quien concentró cada vez más el poder; facilitó la corrupción institucional; la violación de los derechos humanos; el chantaje al poder legislativo; incidió en el judicial y proclamó que todo ello se hacía para acabar con la corrupción de la política y de los políticos. Ahora conocemos al señor MONTESINOS, y el trasfondo oscuro y corrupto que se escondía detrás de este régimen. Recordemos que Fujimori y Montesinos han sido condenados por los tribunales peruanos.

No olvidemos que, hoy como ayer, el poder absoluto corrompe absolutamente; tal es el caso del poder en las diversas dictaduras; es la repetición -con variantes- de lo que ha ocurrido en otras épocas en nuestra América Latina y en otros continentes. El estudio de las dictaduras, desarrollado en América Latina a lo largo del siglo XX, nos indica que ellas han contribuido, en forma eficaz, a impedir técnicamente la unión de América Latina, para que, actuando políticamente en bloque, puedan emprender estrategias significantes en defensa de los intereses mayoritarios de su población. Así mismo, las dictaduras han facilitado el acrecentamiento de sus debilidades estructurales en lo económico, político, social, cultural, ambiental e internacional.

Sin embargo, si nos trasladamos a febrero de 2010, bajo la orientación principal del Señor Presidente Lula, se han realizado esfuerzos que, además de posicionar a Brasil como potencia, posibilitan, con instituciones como Mercosur, un replanteamiento del tema. Significante se me presentan los alcances logrados en la Cumbre de la Unidad de América Latina y del Caribe, celebrada en Cancún en febrero 22 y 23 de 2010.

A propósito de la política y la antipolítica notemos que, si de un lado, debemos tener conciencia crítica para desvirtuar el conjunto de las acciones politiqueras, de otro, estamos en la obligación ética de reivindicar la política como el camino óptimo que nos permita institucionalizar el diálogo como la salida a nuestros conflictos y cristalizar una democracia participativa, inspirada en los principios de la social democracia contemporánea.

El Estado. Si el Estado en Colombia es la institución jurídico-política racionalizadora de los   intereses generales, a través de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, ha de institucionalizar y dinamizar sus funciones para facilitar la gobernabilidad. Si queremos acertar en la formulación e implementación de la reforma del Estado, tenemos que conocer muy bien el contexto de la América Latina, Norteamérica, la Unión Europea, África, China y del grupo de países emergentes del Asia.

Según sea el concepto que tengamos del Estado, vamos a estar en presencia de proyectos neoliberales o socialdemócratas; individualistas o solidarios; partidarios del statu quo o de los procesos de cambio social. Es necesario, por tanto, un ente interventor que racionalice el interés público, que defina políticas públicas graduadas hacia la apertura de oportunidades de desarrollo humano sostenido, con perspectiva de género y participativo, desde los ámbitos locales y regionales. Al pensar en desarrollar la modernidad en Colombia, se presenta fundamental que el Estado ejerza su función mediadora y reguladora, permitiendo cristalizar la gobernabilidad democrática.

El manejo del Estado y de las nuevas relaciones entre los sectores público y privado, implica saber hacia dónde se va, cuál es el proyecto que tenemos, cuál es el tipo de sociedad que estamos construyendo. Frente al proceso de reconfiguración mundial, hay que emprender transformaciones que apunten a la sociedad global y no sólo a la instancia económica.

El concebir el Estado como institución jurídico-política racionalizadora de los intereses generales…, implica un cambio en la racionalidad y operatividad política, administrativa, económica, técnica y financiera del mismo. La concreción en Colombia del proceso de modernización, implica desarrollar articuladamente: la descentralización; la regionalización; la planeación indicativa participativa y la democratización, dentro de un Plan de Desarrollo centrado en lo humano. Para ello, debemos preparamos. Si los planes de desarrollo futuros y las políticas de nuestro Estado no se orientan en el anterior sentido, percibo un alto peligro para la estabilidad democrática y entrevería entonces, el reaparecimiento de formas dictatoriales para el mantenimiento del orden-desorden. No olvidemos que, la Constitución es la Ley de leyes y, si deseamos reconstruir la Nación con dimensiones profundas, hay que hacerlo dentro de sus preceptos.

La capacidad tecnopolítica del Estado debe ser actualizada para la adecuada formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas. Dentro de un régimen presidencial como el colombiano, es indispensable el fortalecimiento del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Es evidente que, en la actualidad, la función comunicativa de la Presidencia debe ser repensada y fortalecida. Existen pruebas empíricas recientes, que demuestran la falta de eficiencia y eficacia en el ejercicio de la función comunicativa entre el Presidente y la mayoría de la población.

Los Estados latinoamericanos están convocados a racionalizar el interés público y a definir políticas públicas graduadas hacia la satisfacción de las necesidades fundamentales de la mayoría de la población. El futuro de la descentralización latinoamericana, está centrado en el fortalecimiento y desarrollo de lo local.  La próxima columna me ocuparé de la gobernabilidad democrática y el liderazgo político. roasuarez@yahoo.com

Lecturas iniciales. HOYOS, Guillermo. (2002). “Nuevas relaciones entre la universidad, el estado y la sociedad”. En: Educación Superior. Sociedad e Investigación. Colciencias-ASCUN. Servigraphic. Bogotá. pp. 149-201. BUZZI, R. (1969). La teoría política de Antonio Gramsci. Fontanela. Barcelona. pp. 114-126; 148-190. ECHANDÍA, Darío (1981). Obras selectas. Banco de la República. Bogotá. Tomo I, pp. 225-303; Tomo II, 86-91; 116-137. Tomo III, 17-25; 120-152. Tomo IV, 117-125; 167-173; 245-264. ROA SUÁREZ, Hernando (2005). Estado y gobernabilidad en: UNIVERSITAS No. 110. Javeriana. Bogotá. pp. 93-128.

 

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