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Reflexiones socio – políticas galanistas (II)

Hernando Roa Suárez
27 de agosto de 2008 - 08:10 p. m.

El Estado ha desconocido la verdadera importancia de los medios de comunicación modernos, y no ha adoptado política cultural al servicio de los verdaderos intereses nacionales. L.. C. G.

Para contribuir a la ambientación de la conmemoración de los veinte años del asesinato de Galán, me he dado a la tarea de estudiar sus elaboraciones más significativas vinculadas a lo sociopolítico. Hoy, nos ocuparemos de presentar algunos de sus aportes en torno a: la identidad cultural; la política indígena; la construcción de una democracia orgánica; la democracia económica; y la democracia social.

De su lectura global puede verse, paradigmáticamente, cuánta distancia existe entre los planteamientos formulados por Galán y la realidad de un desarrollo socio político colombiano, que ha adoptado un modelo que ha cristalizado- también en los últimos veinte años- que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. (1) Si leemos con dedicación, encontraremos más de una sorpresa frente a la situación contemporánea.

Sobre la identidad cultural: Colombia no ha logrado encontrar su identidad cultural ni detectar los valores que le dan sentido a nuestra sociedad. Nuestra complejidad étnica y los diversos componentes culturales de nuestro pueblo evolucionan dentro de un proceso  de mestizaje todavía anárquico e inseguro. Es necesario explorar, relevar y difundir los valores que pueden darle identidad a nuestra nación. En la sociedad tradicional y en las formas políticas predominantes, se ha apoyado una cultura de origen urbano que desconoce e inclusive persigue las expresiones de la cultura popular. En virtud de un excesivo centralismo mental y de una evidente ausencia de espíritu democrático en los mecanismos de expresión cultural, se ha impuesto una cultura concebida desde la capital.

Una política cultural de carácter democrático está estrechamente vinculada con el cambio profundo en nuestra sociedad. En forma básica, los problemas de la cultura comienzan con el analfabetismo y la dependencia cultural del país. La alfabetización es un objetivo  cultural prioritario y al lado de ella, es indispensable convertir en problema importante de la política colombiana la defensa de los patrones culturales nacionales frente a los que llegan del exterior que no están al servicio de las necesidades de nuestra sociedad sino de intereses externos.

Aunque el fenómeno de trasculturización ha sido una constante histórica en Colombia, en estos momentos tiene la característica de una verdadera penetración. El sistema de producción en el  cual nos hallamos involucrados, ha generado su


propia cultura, denominada cultura de masas. Los materiales ya elaborados de cultura masificada provenientes de países desarrollados divulgan no solo sus valores sino que orientan la sensibilidad de los países periféricos hacia sus propios intereses económicos y políticos.

El Estado ha desconocido la verdadera importancia de los medios de comunicación modernos, y no ha adoptado política cultural al servicio de los verdaderos intereses nacionales.

Entregó la radio en forma desordenada y en la televisión todo lo confió a los intereses privados excepto la posibilidad de manipular la información y de repartir ese otro aspecto del botín electoral. No existe una infraestructura que permita a los colombianos educarse y expresarse en sentido artístico y cultural. Se está destruyendo nuestro patrimonio artístico, histórico, arqueológico y arquitectónico.

La enseñanza de la historia nacional y regional es uno de los factores fundamentales de una verdadera política cultural que le permita al pueblo colombiano tomar conciencia del esfuerzo cumplido por las generaciones anteriores y comprender la naturaleza de los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra Nación en los últimos siglos.

La política indígena: A propósito de estas culturas precolombinas, el Nuevo Liberalismo considera urgente la concepción de una nueva política indígena. La desaparición de gentes y culturas aborígenes en América, es una catástrofe que dentro de pocos años cumplirá cinco siglos de haberse iniciado. En Colombia todavía existen indígenas y muchos están asentados en tierras que contienen recursos estratégicos para la economía de la sociedad nacional y para determinados intereses internacionales.

La última década sin embargo, ha visto un hecho singular. Las sociedades indígenas han procedido a articular una lucha por sus derechos como colombianos, que incluyen no solamente un derecho a la vida sino a la tierra, a la religión y a un lenguaje propio en otras palabras, un derecho a ser indios. Ello implica una posición diferente a aquella indigenista que habla de integración y asimilación.

El movimiento indio en Colombia defiende su dignidad frente a las estrategias de aniquilamiento indígena de la sociedad mayor dominante. Un programa de cambio en relación con el manejo de la etnia indígena por parte de los niveles oficiales implicaría por un lado el abandono de las estrategias de aniquilamiento que actualmente se ejercen contra los indígenas. Por otro lado, un programa de cambio que esboce siquiera líneas de interpretación del pensamiento y del derecho de los indígenas en un marco de participación democrático, y que tendría que acoger para consideración, los requerimientos de la Coordinadora Indígena Nacional presentados al país el 12 de octubre de 1980.

Construcción de una democracia orgánica: Entendiendo a Colombia como una Nación independiente y con una identidad cultural propia, el nuevo liberalismo propone organizar las relaciones políticas, económicas y sociales de sus habitantes en forma democrática. No tenemos otra misión tan importante los liberales como la de insistir en la construcción de una verdadera democracia política, social y económica. No se trata de un objetivo nuevo, pero si de una voluntad nueva y auténtica de realizarlo.

La democracia representativa es una de las expresiones y de las formas de la democracia política. En Colombia presenciamos la decadencia de los instrumentos de representación popular por culpa e los partidos, la parcialidad del gobierno en las elecciones y el deterioro de las costumbres políticas que ha dado lugar a la compra del voto, al uso de los cargos públicos y del presupuesto para coaccionar a los lectores, a la demagogia y el populismo.

El actual funcionamiento del Congreso refleja la crisis de los partidos políticos y buena parte de los problemas del Senado y la Cámara se deriva de la crisis ideológica, moral y de organización que afecta a todos los partidos. Es necesario reglamentar y hacer públicas las fuentes de financiamiento de las campañas políticas cuyos costos crecientes, al paso que llevan, limitarán la participación en las elecciones a los grandes capitalistas o a los grupos respaldados por dineros del más oscuro origen.

Todos los partidos en Colombia tienden a servirse de las instituciones para ampliar o conservar su propio electorado. Las instituciones no pueden ser terreno de conquista o de maniobra partidista. Esa mentalidad politiquera tiene postrada la administración, impide la libre competencia democrática y es causa de los crecientes desequilibrios presupuestales de las unidades territoriales, del deterioro de las finanzas estatales como consecuencia de estos desórdenes clientelistas, del gigantismo burocrático y de la existencia de instituciones públicas parásitas, todo lo cual nos ha conducido a los problemas fiscales que reflejan la ruina de la estructura económica y financiera del Estado.

La democracia económica:  El objetivo de construir una democracia orgánica que incluye la democracia económica, le impone al Nuevo Liberalismo el compromiso de luchar contra los monopolios u los oligopolios, la concentración de la riqueza, los abusos de los grandes grupos financieros y por la eliminación de la miseria. Colombia ha socializado algunos servicios públicos, unas pocas industrias, parte de la salud y la educación, una porción modesta de la banca, el crédito y las comunicaciones. Los resultados han sido diversos según la responsabilidad y eficiencia del respectivo Gobierno. En


administraciones serias y vigorosas estos sectores han progresado notablemente, pero cuando el clientelismo y la politiquería se apoderaron del gobierno, surgieron los problemas de la burocratización y el crecimiento de las instituciones parásitas. El Nuevo Liberalismo cree en la conveniencia del fortalecimiento  de los instrumentos de acción del Estado y no acepta las tesis regresivas que pretenden privatizar el manejo de las áreas fundamentales de interés público.

La intervención del Estado se da en nuestro sistema de instituciones sin necesidad de convertir siempre al Estado en propietario. Sus facultades de dirección de la economía, para evitar el privilegio y el abuso, son indelegables, pero han sido ejercidas en Colombia con múltiples interferencias de los intereses privados en la medida en que el pueblo no tiene adecuados instrumentos de control sobre el uso que haga el Gobierno de esas atribuciones. Estos poderes de dirección deben ser realmente conquistados para las soluciones  democráticas merced a un proceso político consistente y permanente. No son instrumentos buenos ni malos por sí mismos, su validez depende del tipo de ideales que los inspiren y movilicen.

La pregunta que tenemos que hacernos los colombianos es ¿cómo se están usando estos poderes, para qué y a favor de quién? No podemos perder de vista que una cosa es el poder nominal de la ley y otra el poder real de la burocracia. En los actuales momentos, uno de los problemas inmediatos de la política colombiana es, precisamente, salvar la intervención del Estado del descrédito, que le han causado las corruptelas de la política, el tráfico clientelista, la manipulación de los grandes intereses  del poder financiero y las presiones de algunas empresas transnacionales que buscan controlar los recursos naturales del país.

El primer paso de la democracia económica debe ser la lucha por el empleo y contra el subempleo que afecta a los grandes centros urbanos y a varios sectores rurales. El costo de la crisis económica no puede recargarse exclusivamente sobre los trabajadores, pues corresponde a una mentalidad reaccionaria aprovechar la crisis para eliminar radicalmente algunas empresas con dificultades, declarar quiebra todos los días e impedir toda posibilidad para reivindicaciones de los trabajadores.

Todo esto supone responsabilidades conjuntas del Gobierno, la empresa privada y los sindicatos que para el efecto deben utilizar los mecanismos institucionales de diálogo existentes.

La democracia social: El Nuevo Liberalismo lucha por una nación social y económicamente más homogénea. Esto significa la abolición de todos los privilegios de cuna y de clase y especialmente los que se dan en la educación y que constituyen el punto de partida de los demás privilegios.

Respaldamos la organización popular y en especial la extensión de los sindicatos entre las clases trabajadoras, el progreso de usuarios campesinos y el desarrollo del cooperativismo, así como las diversas formas de participación popular. Creemos que el aumento del ingreso real de los trabajadores tiene dos instrumentos: por una parte el salario y por otra la eficiente administración de los servicios sociales y colectivos que influyen en las condiciones de vida de las clases medias y populares.

Somos solidarios con los trabajadores en su lucha por mejorar sus salarios pero no apoyaremos reivindicaciones disparatadas.

Proponemos una visión global del problema de las clases medias y de los trabajadores; que los sindicatos de obreros, de empleados públicos y de trabajadores oficiales no se limiten a una política reivindicativa sectorial o particular, pues si bien ello les ha permitido, en el caso de ciertas empresas grandes del sector público y del sector privado, alcanzar un justo nivel de salarios y proteger a los trabajadores, no ha podido impedir en el conjunto del país, la discriminación salarial en iguales condiciones de cantidad y calidad de trabajo.

Los sindicatos deben y pueden crear otra conciencia en el manejo del sector para ganar autoridad en el proceso económico y social y convertirse en verdaderos interlocutores del Gobierno y de los empresarios en la medida en que manejen una información económica general.

La educación, los servicios sociales, la asistencia hospitalaria, los medios de comunicación de masas, la cultura, la cobertura de los servicios también deben ser escenarios de estudio y acción del sindicalismo moderno.

El sindicalismo que respaldamos puede ser una de las más potentes fuerzas sociales en la tarea de conseguir la supresión de toda forma de parasitismo y de privilegio. El sindicalismo progresista debe luchar con valor e independencia por la moralización de la vida pública en las incrustaciones burocráticas y parásitas de los organismos estatales ineficientes o donde cunde la corrupción.

El Estado y los partidos políticos son hoy los grandes responsables de la progresiva pauperización del pueblo colombiano y su deterioro físico y mental. Debe exigirse del Estado una rendición de cuentas en la materia y una clara responsabilidad en el futuro. Ninguna acción comunitaria particular, por eficiente que sea, podrá reemplazar jamás esas responsabilidades del Estado.

En el Nuevo Liberalismo luchamos por el aumento de las oportunidades de estudio para los colombianos y la mayor calidad de la enseñanza frente a quienes atemorizados por la nueva conciencia crítica de las masas quisieran mantener a nuestro pueblo en la ignorancia y destruir el papel del estado en la educación. Consideramos indispensable que el sistema educativo supere la anarquía administrativa y presupuestal en que se halla y apoyamos la investigación y la creación de modelos educativos que controlen y reduzcan los costos de inversión y funcionamiento y garanticen la calidad y eficacia de la docencia.

El Nuevo Liberalismo insiste en el establecimiento de niveles mínimos de 9 a 10 años de escolaridad antes de terminar el


siglo y en la urgencia de la alfabetización total como objetivos inmediatos de la educación colombiana. La retención escolar sigue siendo muy baja. Si las estadísticas indican que el 70% de la población tiene primaria o menos, ello solo significa que ese compatriota cuenta con los instrumentos y herramientas mínimas para desempeñarse como ciudadano y poder afirmar que ha ejercido el derecho a una calidad mínima de educación.

Nuestra posición frente a la educación se resume en los siguientes puntos: la democratización educativa con énfasis en los problemas de la población campesina; la recuperación del liderazgo social que le corresponde al sistema educativo; el cambio radical en la filosofía y la administración de la educación pública; la redefinición del sistema educativo para lograr coherencia entre sus diferentes unidades, coherencia del sistema educativo con las políticas sociales y económicas que se plantean, así como la necesidad de definir prioridades en los distintos niveles educativos.

Entre los puntos que merecen especial atención, uno de los más significativos para la democracia social es la redefinición de la educación media y las relaciones entre la educación y el mundo laboral.

 El Nuevo Liberalismo respeta la libertad de enseñanza pero considera fundamental que el Estado respalde la universidad pública y que los miembros de la comunidad universitaria en las instituciones oficiales se organicen para defender su misión sin buscar privilegios ni ventajas de tipo corporativo.

La Universidad pública debe recuperar su liderazgo académico y científico y en ella debe estar la principal garantía del futuro desarrollo científico y tecnológico del país. Es urgente que la Universidad del Estado reorganice sus programas académicos en función de los recursos naturales renovables y no renovables existentes en el país, especialmente las perspectivas del nuevo ciclo minero que se avecina.

Es necesario reorganizar la recreación y el deporte como factores fundamentales para la salud física y mental de la población. Coldeportes ha caído en manos del clientelismo y la burocratización. Su liderazgo en el deporte es irregular y precario. Se requiere capacitar técnicos deportivos a nivel internacional; fortalecer las actividades deportivas en el sistema educativo; crear estímulos para las empresas que fomenten el deporte; premiar a los deportistas que conquisten triunfos internacionales; establecer políticas arancelarias especiales para facilitar las importaciones de elementos deportivos; exonerar de impuestos de nacionalización los premios que obtengan los deportistas colombianos en el exterior; fomentar la especialización y la práctica de la medicina deportiva; despojar de toda injerencia politiquera el manejo del deporte colombiano; finalmente, es conveniente estudiar la posibilidad de crear empresas de economía mixta que contribuyan y exploten debidamente escenarios deportivos en todo el territorio nacional, con el fin de garantizar la financiación y el mantenimiento de los mismos.

 Con la creación de condiciones propias para una vida verdaderamente humana de los niños colombianos menores de 7 años, el Nuevo Liberalismo persigue mejorar la calidad de la vida de la familia colombiana y propone como estrategia básica el establecimiento de los comités para la defensa de la familia y el niño, emanados de la  comunidad, con valor y fuerza propios en los organismos estatales, dentro del sistema nacional de Bienestar Familiar creado por la ley 7ª de 1979.

El Nuevo Liberalismo exigirá del Gobierno la veracidad indispensable para establecer la situación real de las reservas de los Seguros Sociales y la proyección de las mismas en el curso de la presente década, pues todo indica que antes de cinco o seis años el ISS no podrá cumplir con las pensiones de jubilación que están a su cargo.

El Nuevo Liberalismo considera que debe afrontarse la realidad de la mujer colombiana y su discriminación sin límites en casi todos los estamentos y niveles sociales. A partir de la condición de la mujer de las clases medias y populares debe proponerse un verdadero equilibrio que equipare los papeles  - diferentes, complementarios, pero igualmente valiosos- del hombre y la mujer dentro de la familia y con proyección al conjunto de la sociedad. El primer punto para alcanzar este cambio es una verdadera educación sexual. La sociedad debe ofrecer a toda persona el conocimiento adecuado de la forma como puede alcanzar su propia madurez física, mental y emocional en lo que se refiere al sexo. Solo así Colombia superará la mentalidad machista que la oprime y condiciona.

(1) Estas reflexiones fueron extractadas del Documento: “Nuevo Liberalismo para una Colombia Nueva” en: Galán un proyecto político por continuar. Cámara de Representantes, Imprenta Nacional Bogotá. p.p. 18-26.

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