Por: María Elvira Samper

Reforma agraria: el mayor reto del Gobierno

INSENSIBLES QUE SOMOS, NOS HEmos acostumbrado a verlos en los semáforos vendiendo frutas o bolsas de basura, o tendiendo las manos en busca de limosna.

Se han convertido en parte del paisaje urbano pero sus vidas no pertenecen a la ciudad, hacen parte de la historia ya larga de expoliación que es la del conflicto interno y cuya piedra angular ha sido y sigue siendo la tierra. Son desplazados, víctimas de una estrategia de los grupos ilegales que convirtieron el despojo en arma de guerra para controlar territorios, apropiarse de activos, romper redes sociales e imponer su ley.

 El desplazamiento, que alcanza en Colombia dimensiones de tragedia humanitaria (somos el segundo país con más desplazados del mundo, después de Sudán), es un fenómeno que en buena medida explica la concentración de la propiedad rural —para que algunos acumulen tierras se necesita que otros sean privados de ellas—, pero también es un resultante del modelo de desarrollo que privilegia la gran propiedad y burla el principio constitucional de la función social de la tierra, y de la falta de una reforma agraria integral.

La situación de los desplazados es tan dramática, que en 2004 la Corte Constitucional la declaró “un estado de cosas inconstitucional”, figura que obliga al Estado a garantizarles sus derechos fundamentales, y que evidencia la debilidad, insuficiencia e ineficacia de las políticas para enfrentar el problema. Así las cosas e independientemente del propósito del nuevo gobierno para saldar esa inmensa deuda social y convertir la restitución de tierras en uno de los objetivos primordiales de la política agraria, hay un mandato de la Corte de obligatorio cumplimiento que, según cálculos de expertos, requiere tres billones de pesos al año. No obstante, el gobierno Uribe entregó un presupuesto recortado para el agro y, por ejemplo el Incoder, encargado de la devolución de tierras, recibirá 128.000 millones menos que en 2009.  Como quien dice… “el que venga atrás, que arrié”.

De ese enorme y oprobioso problema social da cuenta el estudio de la economista Ana María Ibáñez, El desplazamiento forzoso: un camino sin retorno hacia la pobreza (Uniandes, CEDE, 2010), que analiza el impacto económico y social del desplazamiento. Cerca de 800.000 familias fueron forzadas a dejar entre 3,7 y 5,5 millones de hectáreas (no hay acuerdo en la cifra) en las últimas tres décadas. Perdieron padres, hermanos, abuelos, tíos, viviendas, animales…, y hoy malviven en las goteras de las ciudades: el 95 por ciento por debajo de la línea de pobreza y el 75 por ciento por debajo de la línea de pobreza extrema. Esto significa que más del 42 por ciento de los pobres más pobres del país son desplazados.

Restituirles sus tierras para darles la posibilidad de volver a ser productivos no será fácil. Supone no solo voluntad política sino, sobre todo, vencer la tradicional resistencia de sectores poderosos y del Congreso, por lo general ligado a los intereses de la gran propiedad. Y una dificultad adicional es la vulnerabilidad misma de esas familias, que les hace difícil recuperarse del impacto económico y psicológico del desplazamiento, y de las cuales el 90 por ciento no quiere volver a su lugar de origen. Por miedo, porque creen que los riesgos subsisten, que el conflicto está lejos del fin.

Audacia y creatividad deberá desplegar el Gobierno en el diseño de políticas y programas que, como señala Ibáñez, además de reconocerle a esa población su condición de víctima, vayan más allá de mitigar la pobreza y propendan por la recuperación de su capacidad productiva.  Hacer la reforma tantas décadas postergada, será la revolución del siglo. De ese calibre es el reto.

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de María Elvira Samper

Más violencia no destraba el proceso de paz

¿Quién le teme a Vargas Lleras?

Un abismo entre obispos

Fiscal desbocado