Por: José Fernando Isaza

Reforma educación superior I

LA REFORMA ES UNA PROPUESTA del Gobierno, no de la comunidad universitaria. No se atendió la solicitud de los rectores de participar en la elaboración del articulado, antes de que éste fuera presentado por el presidente a la opinión pública.

En los objetivos y la necesidad de reformar la Ley 30 de 1992 que regula el servicio público de educación superior, no hay mucha divergencia. Hay acuerdo en la conveniencia de aumentar la cobertura y la calidad de la educación en la necesidad de integrarla a un mundo cada vez más interdependiente, en los beneficios de la rendición de cuentas y la visibilidad de los indicadores que deben difundir las instituciones de educación superior (I.E.S.). Las diferencias surgen en los objetivos para lograrlos.

Las universidades pertenecientes a Ascun plantean la necesidad de contar con una ley estatutaria que regule el derecho a la educación superior y delimite los ámbitos constitucionales de la autonomía universitaria y la inspección y vigilancia. Para el Ejecutivo, sólo regularse el servicio y no el derecho a la educación superior. Las universidades consideran que debe separarse, en la ley, la educación profesional universitaria de las otras I.E.S., la técnica, tecnológica y la educación para el trabajo, la no formal, etc. Hay razones históricas y constitucionales que así lo indican. La autonomía es inherente al concepto de universidad y ésta precede a la noción Estado-Nación en ocho siglos. La autonomía permite la libertad de cátedra, de investigación, de crítica, de proponer concepciones de la sociedad y del Estado que puedan superar las ideas de los gobiernos. Los primeros movimientos en defensa de la autonomía surgen hace casi 900 años, cuando los monarcas quisieron intervenir para que las universidades sólo enseñaran “lo que requieran las cortes”, hoy, de tiempo en tiempo, se escucha que deben concentrarse en “lo que requiere el sector productivo”.

El derecho de inspección y vigilancia no puede vulnerar la autonomía.

La iniciativa gubernamental tiene instrumentos positivos para estimular la cobertura. Un ejemplo es el subsidio a la demanda a través del crédito educativo, con intereses reales negativos, dirigido a los estudiantes de los sectores más vulnerables económicamente. Los hechos son tozudos, la cartera de crédito educativo no sólo en Colombia, sino también en países desarrollados, tienen un alto índice de incumplimiento, explicado parcialmente porque los ingresos laborales iniciales dificultan el repago. Al reducir los intereses y prever que la descapitalización que puede tener el Icetex por este concepto sea compensada a través de recursos de presupuesto nacional, se preserva el patrimonio de este instituto.

Destinar impuestos a subsidiar a los sectores más desfavorecidos; esa es una función fiscal. En Colombia, hay conceptos en contra de los subsidios a quienes sí los requieren, se les descalifica llamándolos asistencialismo. Por el contrario, cuando se destinan recursos tributarios a favorecer sectores privilegiados las expresiones de apoyo los llaman incentivos para crear riqueza, para estimular el empleo. No es de extrañar que la concentración del ingreso en Colombia después de impuestos es casi igual a la de antes de impuestos. En los países desarrollados el índice Gini de concentración del ingreso después de impuesto mejora hasta en 8 puntos.

 

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