Por: José Fernando Isaza

Reforma educación superior II

UNO DE LOS OBJETIVOS DE LA REforma a la Ley de Educación Superior es ampliar la cobertura del 35 al 50% en 2014.

Se deduce que los nuevos cupos no provendrán de las universidades públicas, éstas no contarán con los recursos necesarios para aumentarlos. Las transferencias crecen en términos reales una fracción del aumento del PIB. Así, el aporte fiscal a las universidades públicas disminuye como proporción del PIB, hoy la transferencia es el 0,4% del PIB, 13 veces menos que la destinada al Ministerio de Defensa.

El crecimiento se busca con la ampliación de la educación técnica y tecnológica (T y T). En el país la educación superior de pregrado se distribuye el 68% en profesional y el 32% en T y T.

Con frecuencia se insiste en la conveniencia de invertir estos porcentajes; se cita a Alemania, en donde la mayor proporción de la educación superior no es universitaria. Claro que hay diferencias entre un bachiller y un tecnólogo alemán y uno colombiano. La formación T y T es bienvenida si responde a una decisión de proyecto de vida del estudiante, que considera más satisfactoria una profesión práctica con estudios de corta duración, a seguir el camino profesional, maestría, doctorado, posdoctorado, etc., con alto componente teórico. Si bien a corto plazo las remuneraciones de los egresados técnicos y profesionales no son tan diferentes, en el largo plazo se van ensanchando, esto contribuye a explicar la mayor demanda de profesionalizar los estudios T y T que la opción contraria.

Entre 2002 y 2009 la cobertura en educación superior creció del 24 al 35%, lo cual se explica en su mayoría por el efecto estadístico de inducir los programas del Sena como educación superior, así éstos no tuvieran el registro calificado. De los 556.000 cupos creados en dicho período, 207.000 corresponden al Sena, y 256.000 a universidades y el resto a instituciones T y T.

La propuesta actual sigue la línea y tendencia del pasado reciente. No es una apuesta a la formación de punta.

Perogrullo dice “la calidad cuesta”. En las universidades privadas organizadas como entidades sin ánimo de lucro, todos los excedentes deben reinvertirse en mejoras a la calidad educativa. No es claro cómo puede aumentarse la calidad con empresas educativas con ánimo de lucro que retiran, para provecho del inversionista, los excedentes.

Para cumplir la obligación constitucional de inspección y vigilancia, el proyecto de ley tiene un capítulo sancionatorio, de corte similar a un código penal o de policía. Prima más la supuesta eficiencia que la legitimidad. Existe la razonable inquietud de que pueda utilizarse como medio de coacción para alinear las universidades a las doctrinas oficiales so pena de sufrir sanciones. Se prevén castigos no sólo por violación de disposiciones legales, sino también por violar normas institucionales o por desacatos. El artículo 95 que autoriza al Ministerio a tomar medidas correctivas mientras se adelanta la investigación, recuerda la película de ciencia ficción Sentencia previa. En ésta, el “Gran Hermano” que todo lo vigila y controla, si considera que alguien podría en el futuro cometer un delito o desacato, lo congela de por vida para evitar que esto ocurra. La realidad supera la ficción.

 

 

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