Por: Gustavo Gallón

Reforma judicial, Fiscalía y víctimas

SI USTED ES VÍCTIMA DE UN DELI-to y quiere hacer valer sus derechos en el actual procedimiento acusatorio, mejor encomiéndese a los santos.

Aunque sus derechos deben en teoría ser respetados desde el principio de la investigación, en la práctica no podrá siquiera conocerla si el fiscal no se lo permite, ni él o ella estará obligado a practicar las pruebas que usted le pida. Usted no es parte en el proceso: no es sujeto procesal. Antes, como “parte civil”, podía usted reclamar una indemnización por los daños causados, o incluso solamente el derecho a la verdad. Pero con el nuevo procedimiento penal se asumió que el fiscal representa a la víctima y que ésta no puede tener voz propia.

La reforma judicial propuesta por el Gobierno puede corregir esa injusticia al prever que “las víctimas actuarán en condiciones de igualdad dentro de la investigación y el juzgamiento, con respecto a las facultades de la Fiscalía y de la Defensa”. Más aún: el Gobierno aspira a que “los particulares puedan desarrollar la investigación, la imputación y la acusación, ante la autoridad judicial”. Estas facultades serían sólo para los delitos querellables y de menor impacto (no es claro por qué), pero de todas formas es un avance significativo.

Menos afortunada es la idea de habilitar a funcionarios ajenos a la Fiscalía para instruir sumarios. La Constitución permite hoy atribuir funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas, con excepción de la investigación y el juzgamiento de delitos. La reforma plantea ampliar esas funciones a otros funcionarios judiciales y a los notarios, salvo para juzgar delitos. ¿Qué garantía podría darle a usted un notario investigando una extorsión?

También inquieta el intento del proyecto de reducir la independencia de los fiscales. Éstos, como miembros de la Rama Judicial, deben actuar con autonomía y rectitud. El Fiscal General puede, según la Constitución, “determinar el criterio y la posición que la Fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados”. La propuesta gubernamental suprimiría la última parte de la anterior frase, después de la coma. Los fiscales quedarían así reducidos a amanuenses del Fiscal General de turno, lo cual es peligroso. En vez de esterilizar a los fiscales, deberían introducirse correctivos para evitar que sean removidos abusivamente de su cargo cuando estén pisando callos en recto ejercicio de sus funciones, como se teme que haya sucedido con la fiscal Ángela Buitrago recientemente.

El proyecto no toca el nombramiento del Fiscal General, sobre el cual el candidato Santos se había manifestado a favor de que lo hiciera directamente el Presidente. Mejor que se haya guardado silencio en esta ocasión al respecto, aunque cada vez parece más razonable que la Corte le proponga al Presidente la terna para Fiscal, lo cual garantizaría mayor imparcialidad que con la terna actual.

Si con este proyecto se restablece la parte civil, se fortalece la autonomía de los fiscales delegados en vez de debilitarla y se invierte el sistema de nombramiento del Fiscal General, usted podría prescindir de encomendarse a los santos para hacer valer sus derechos como víctima de un delito.

*Director Comisión Colombiana de Juristas. Las fuentes de esta columna pueden verse en: www.coljuristas.org.

 

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