Por: Yesid Reyes Alvarado

Reforma a la justicia

La creciente imagen desfavorable de nuestra justicia hace recomendable someterla a una detenida revisión. Hay algunos aspectos en los que se observa un consenso sobre la urgencia de su modificación, entre los que destacan las atribuciones electorales de los integrantes de las Cortes, la duración de sus períodos y su forma de elección, la operatividad de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y los procesos contra aforados.

No parece haber duda en cuanto a la necesidad de incluir estos temas en la discusión, porque es imprescindible mantener la autonomía de la rama pero mejorando su engranaje administrativo; porque la intervención de los magistrados en la designación de funcionarios estatales posibilita injerencias de tipo político en la labor judicial y abre un indeseable espacio para el intercambio de favores; porque el esquema de investigación y juzgamiento cruzado deja muchos reparos sobre la libertad con que Congreso y Corte pueden desarrollar esas funciones, puesto que los juzgadores pueden ser posteriormente enjuiciados por la institución a la que pertenece el afectado; porque la posibilidad de que al finalizar sus funciones los integrantes de las altas corporaciones puedan ser elegidos en otra con el voto de aquellos a quienes previamente ayudaron a llegar a sus cargos, deja un manto de duda sobre la independencia tanto de quienes toman estas decisiones como de los beneficiados en ese carrusel electoral.

Si bien el replanteamiento de asuntos como los acabados de mencionar puede impactar positivamente el funcionamiento macro del aparato jurisdiccional y mejorar la deteriorada imagen que hoy en día se tiene en cuanto a su transparencia, esas modificaciones no son suficientes para que la opinión pública perciba un cambio favorable en su diaria operatividad. Es indispensable que adicionalmente se propongan mecanismos que hagan más sencillo el acceso a la administración de justicia para resolver sin mayores dilaciones todos los problemas legales, por ínfimas que parezcan las indebidas afectaciones a bienes jurídicos como el patrimonio económico o la integridad personal. Esto no significa necesariamente la creación de nuevos delitos ni el incremento punitivo para los actualmente existentes; la puesta en marcha de trámites ágiles para las denominadas pequeñas causas, el fortalecimiento de los procedimientos policivos así como la incorporación de ayudas tecnológicas (para citar solo algunos ejemplos), pueden contribuir a facilitar la interacción con el sistema judicial sin recurrir a complejas reformas legales o constitucionales.

Si el ciudadano percibe que para la solución de sus conflictos puede acudir de manera simple a las autoridades independientemente de la magnitud de los mismos, si se percata de que en un tiempo razonablemente breve se profiere una decisión y de que quien infringe la ley recibe alguna clase de sanción, habrá más confianza en la justicia y disminuirán las posibilidades de recurrir a métodos violentos para zanjar disputas. Entre más cerca estemos de la consecución de esos objetivos, más fácil será mantener la armonía y cohesión social en un estado de postconflicto.

 

 

 

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