Por: Yesid Reyes Alvarado

Reforma a la administración de justicia

La presentación de un nuevo proyecto de reforma a la administración de justicia parece inminente; aun cuando se dice que esa decisión ha sido impulsada por recientes incidentes en el interior de la Rama Judicial, lo cierto es que ellos sólo han servido para llamar la atención sobre unos problemas que existen desde hace mucho tiempo, pero que sólo ocupan un lugar prioritario en la agenda legislativa del país cuando desembocan en escándalos mediáticos.

Los cuestionamientos a la conveniencia de mantener la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, las dudas sobre la eficiencia de su Sala Disciplinaria, las preocupaciones por el hecho de que las competencias electorales de las altas cortes terminen por contaminar sus labores jurisdiccionales, las inquietudes sobre la superposición de funciones entre la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, la desconfianza hacia un sistema de juzgamientos cruzados entre funcionarios de alto rango, la sospecha de que los procesos de única instancia contra parlamentarios puedan afectar derechos internacionalmente reconocidos, o las reflexiones sobre la necesidad de modificar la estructura y el papel de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes llevan años en la mente de los colombianos, pero sólo se hacen visibles frente a determinadas controversias.

Lo malo de analizar estos temas en momentos de crisis es que las soluciones globales tienden a estar condicionadas por situaciones particulares: si, por ejemplo, se sugiere otorgar a la Fiscalía la investigación de los parlamentarios, se dirá que se pretende favorecer a los actualmente procesados por la Corte; si se recomienda limitar las atribuciones disciplinarias de la Procuraduría respecto de conductas delictivas, se afirmará que se trata de quitarle poder al actual jefe del Ministerio Público, y si se propone eliminar la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se teme que a través de ese mecanismo se afecte la autonomía de la Rama Judicial. Lo bueno es que sin la existencia de esas coyunturas no suele haber predisposición del Ejecutivo, el Parlamento o la sociedad misma para abordar esos asuntos.

Por eso hay que aprovechar el sentimiento general que parece existir en torno a la necesidad de hacer reformas a la estructura judicial, para impulsar proyectos en ese sentido; pero los planteamientos que se hagan deben estar lo suficientemente bien fundamentados como para dejar en claro que con ellos no se busca favorecer intereses concretos, sino mejorar el funcionamiento del aparato jurisdiccional. No se debe insistir en buscar un consenso de todas las partes involucradas antes de emprender el trámite legislativo, porque la existencia de propósitos y aspiraciones disímiles sólo conseguirá entrabar el proyecto y hacerle perder identidad. Lo que debe hacerse es consultar a instituciones como las altas cortes, la Procuraduría, la Contraloría, las asociaciones de jueces y fiscales, la Defensoría del Pueblo, el Inpec y la academia para tratar de identificar los puntos neurálgicos a partir de los cuales el Ministerio de Justicia pueda formular una propuesta de reforma.

 

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