Por: Yesid Reyes Alvarado

Reforma a la justicia y política criminal

EN COLOMBIA EXISTE UN CONSEJO Superior de Política Criminal y Penitenciaria cuyas opiniones deberían ser escuchadas cada vez que se proponga la expedición o la modificación de normas penales.

Cuando se legisla sin tener en cuenta las políticas generales que ese organismo debe trazar sobre la prevención y el tratamiento de la delincuencia, o cuando se expiden normas sin conocer previamente la opinión de dicho consejo asesor, se corre el riesgo de expedir leyes contradictorias, inoperantes o inconstitucionales.

Ahora que se proponen algunas reformas a la administración de justicia convendría reglamentar el funcionamiento del mencionado Consejo, de tal manera que sea mucho más operativo. Es indispensable que el Estado tenga una posición definida en algunos aspectos esenciales, como la finalidad que se persigue con la imposición de penas a los delincuentes. No tiene ningún sentido que el sistema penitenciario nacional gire alrededor de conceptos como el de la resociabilización de los condenados, si por otra parte se busca la implantación de una pena que, como la cadena perpetua, parte del supuesto de que el delincuente nunca podrá reincorporarse a la vida social.

También este organismo asesor toma postura frente a cuáles son los delitos más graves, de acuerdo con la importancia de los intereses que resulten afectados. Esa clasificación es necesaria, porque la calidad y la duración de las penas, la posibilidad de conceder libertades o detenciones domiciliarias o incluso la facultad de conceder rebajas de pena por trabajo y estudio, dependen de si el delito cometido fue más o menos grave. Una adecuada graduación de los crímenes evitará que a través de reformas penales aisladas termine siendo más grave una violencia intrafamiliar que la mayoría de las lesiones personales, o que el abuso sexual de menores tenga una pena superior a la prevista para los genocidios, el terrorismo o la desaparición forzada.

Temas como éstos poseen un enorme contenido técnico que no debe ser menospreciado, porque tienen que ver con la posibilidad de limitar un importante derecho fundamental, como es el de la libertad. Cuando se hace caso omiso de la complejidad del tema y se lo presenta a la opinión pública como algo que puede ser manejado de manera simple, lo único que se consigue es generar falsas expectativas, como ocurrió con los denominados muros de la infamia; mientras a la ciudadanía se la intentó convencer de la viabilidad de ese mecanismo para combatir los abusos sexuales a menores de edad, pocos especialistas tenían dudas sobre la inexequibilidad de la norma, que finalmente fue declarada por la Corte Constitucional.

Me temo que algo similar puede ocurrir con la promocionada convocatoria de un referendo para buscar que se aplique cadena perpetua a algunos delincuentes sexuales. La opinión de la ciudadanía en temas tan técnicos, por bien intencionada que sea, puede dar al traste con toda la política criminal del Estado, porque el derecho penal es una herramienta de control social tan poderosa y de tan graves consecuencias, que su manejo debe estar confiado a manos expertas. Así como a nadie se le ocurriría que la política económica del Estado fuera decidida a través de referendos, tampoco parece razonable que la utilización del derecho penal deba quedar en manos de este mecanismo de reforma constitucional.

 

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