Reforma a las Telecomunicaciones viola derechos

En México se discuten reformas legales a la ley de telecomunicaciones que han generado revuelo en la sociedad civil porque son poco garantistas de los derechos humanos.

Los siguientes son algunos de los problemas:

Originalmente se proponía que las empresas de telecomunicaciones bloquearán la señal de Internet temporalmente durante eventos críticos o para preservar la seguridad nacional a pedido de “las autoridades” (alguien recuerda Egipto, Siria o Turquía?), en la nueva versión se matizó para que se bloquee en cárceles y similares. El vuelco evita las principales críticas por libertad de expresión pero sigue siendo polémico.

Justificado como colaboración con la justicia, la propuesta amplía la obligación de las empresas de telecomunicaciones de retener datos de sus usuarios hasta por 24 meses (como los vinculados con llamadas de celular que muestran dónde estamos, a quién llamamos, etc.) y de dar acceso en tiempo real a datos de geolocalización al gobierno. El Tribunal de Justicia Europeo revisó una norma, incluso más suave que esta, y declarándola innecesaria y desproporcionada.

La propuesta justifica que la gestión de datos se haga con criterios comerciales. Aunque sabemos que los intermediarios controlan el tráfico de datos, sólo pueden hacerlo dentro del principio de neutralidad de la red. Un intermediario no puede revisar lo que transporta, segmentarlo, segregarlo, discriminarlo, bloquearlo, etcétera. Cuando se le permite distribuir el tráfico (beneficiando al que más pague) se viola la neutralidad y se pronuncian las brechas digitales en contra de los menos favorecidos..

Documentos como la Declaración Conjunta de los relatores de libertad de expresión de la ONU, la OEA y otras (2011); el informe sobre Internet y Libertad de expresión de la Relatoría de Libertad de expresión de la OEA (2014) y los 13 Principios internacionales sobre la aplicación de los derechos humanos a la vigilancia de las comunicaciones (todos disponibles ampliamente en Internet), ofrecen un marco garantista de derechos humanos respecto de tecnologías disruptivas que pueden aplicarse en retos legislativos como este.

Adicionalmente estas discusiones ventilaron conflictos de interés (senador que es también director de un canal de TV) y lobby desmedido. Los activistas denuncian que el proceso está viciado de origen “porque los beneficiarios influyen sin medida en los legisladores”.