Por: Salomón Kalmanovitz

La reforma tributaria estructural

Colombia necesita fortalecer su Estado.

No puede depender de la renta petrolera que se esfumó en el aire, sino de las contribuciones de sus ciudadanos. El logro de los últimos 25 años —pasar de un recaudo de impuestos de 10 % al 15,5 % del PIB— permitió ampliar los gastos sociales, hacer algo de infraestructura y enfrentar exitosamente la insurgencia. Todavía se trata de un Estado pequeño que no tiene presencia en todo el territorio y que no ha logrado disciplinar a las élites para que contribuyan lo que les corresponde.

Lo mejor que tiene la propuesta del Gobierno es estrechar las avenidas de evasión y convertir en delito el robo al fisco. Si es delito robar propiedad privada, debería serlo mucho más robar propiedad pública. Las penas son de cárcel hasta por nueve años, pero si el sujeto roba menos de $5.000 millones, no le pasa nada; también se pueden cerrar establecimientos que se queden con recursos del IVA.

Otro paso en la dirección correcta es imponer tributos a las personas naturales que reciban dividendos de las sociedades. El impuesto es muy bajo, del 10 %, en vez de utilizar la tarifa a la renta correspondiente, pero rompe el mito de la supuesta doble tributación. Quedan exentos del impuesto los dividendos que se repartan a otras empresas, que son la mayor parte, donde hay muchas sociedades simplificadas (SAS) y otras supuestamente sin ánimo de lucro que sirven para evadir y eludir todos los impuestos.

Se aumentan las tarifas del impuesto a la renta para las personas y se reduce el umbral, intentando ampliar la base, aplicando el principio de que todos ponen, aunque sea poco. Faltaron otras medidas que hubieran hecho más justa la reforma, como dejar de eximir el ahorro voluntario y los intereses que se obtengan en fondos de pensiones y de inversión, lo cual es un subsidio que beneficia al sector financiero y a la clase media alta. Las pensiones siguen exentas, a pesar de que hay viejitos ricos y privilegiados que debiéramos contribuir al financiamiento del Estado.

Hay dos impuestos nuevos que son progresivos y saludables: al tabaco y a las bebidas azucaradas. Al elevar sus precios, contribuyen a la reducción de las adicciones que generan ambos y al mejoramiento de las índices de salud de la población; además, aportan recursos para mejorar la atención de las enfermedades pulmonares, obesidad y diabetes, cuya responsabilidad no es asumida por las tabacaleras ni por los azucareros.

La propuesta descansa sobre el IVA, que se aumenta a niveles cercanos al de los países de la OECD y que exige sacrificios a todos los consumidores, sin importar su capacidad de pago. Algunas tarifas son del 5 %, pero otras alcanzan el 19 %. En una economía con tan alto grado de informalidad —más del 50 % de la fuerza de trabajo y millones de negocios, algunos muy prósperos—, es el único tributo que todos terminan pagando. Tendría mejor presentación, sin embargo, que se aumentaran las cargas de los más ricos, a la vez que todos hacemos mayores esfuerzos para financiar los gastos corrientes del Estado, sus inversiones y las destinadas al posconflicto.

Otras omisiones de la propuesta: un impuesto predial progresivo con tasas castigo para los lotes de engorde, que son prácticamente todos los predios mayores de 1.000 hectáreas, y tributos adicionales para darles vida económica a los departamentos que son entes atrofiados, sin capacidad de impulsar el desarrollo regional.

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2016-10-23T21:00:51-05:00

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