Por: Armando Montenegro

Reformas

EL COMIENZO DE LOS PERÍODOS presidenciales en Colombia ha sido, varias veces en su historia, el momento propicio para invocar la necesidad del cambio, la importancia de romper con el pasado y buscar la renovación institucional.

Esto ha sucedido, sobre todo, después de los regímenes personalistas y autoritarios que, de una u otra forma, han alterado la normalidad institucional del país. Estos fenómenos se presentaron, por ejemplo, al terminar los gobiernos del general Reyes y del propio Rojas Pinilla, después de los cuales ocurrieron grandes transformaciones constitucionales y legales.

 A medida que se aproxima el 7 de agosto de 2010, el obligado examen de la realidad nacional mostrará, cada día con mayor claridad, que el país necesita la corrección de una serie de políticas y orientaciones que no son compatibles con el desarrollo de un país moderno, abierto y democrático.

Si quiere acertar, el nuevo gobierno, cualquiera que sea, tendrá que ser, necesariamente, reformista. Aunque debe mantener algunas de las políticas de seguridad, tendrá que enfrentar muchos problemas que se ignoraron y acumularon a lo largo de los ocho años anteriores. Deberá replantear la manera como el Gobierno se relaciona con los propios ciudadanos, los países vecinos y el resto del mundo.

La simple enumeración de las áreas de reforma es extensa. La estructura tributaria está hecha trizas después de las improvisaciones y los beneficios que se instauraron en los últimos años. El sistema de construcción de infraestructura es una fuente de atraso económico y grandes inequidades. La descentralización administrativa, un objetivo que el país buscó durante varias décadas, se reversó. Las decisiones municipales y departamentales más minúsculas pasan ahora por Bogotá o deben esperar la llegada providencial del próximo consejo comunitario. La inversión pública se ha concentrado en los grandes centros urbanos y agrava los desequilibrios regionales. El desempleo y el rebusque se han acentuado con las políticas asistencialistas que premian la informalidad. El modelo de seguridad social en salud debe revisarse integralmente. Las entidades técnicas del Gobierno que analizan la inversión y el presupuesto se han desmantelado. La política social no está orientada a luchar contra la pobreza y la desigualdad, sino a maximizar los réditos políticos de la arbitraria distribución de subsidios.

A la lista anterior, incompleta, habría que sumarle temas como la necesidad de una reforma de la política internacional, el establecimiento de una verdadera meritocracia en la administración pública, la financiación de los referendos y las campañas políticas.

Uno de los principales temas de reflexión, después de las evidencias sobre los problemas, vicios y defectos de la reelección, es si el país debería volver a prohibirla, tal como quedó establecido en el texto original de la Constitución de 1991.

Es de esperar que muy pronto el debate entre los candidatos y precandidatos se centre en estos asuntos. Los partidos políticos, la academia, los centros de pensamiento deben estimular, agitar y promover el diseño de una ambiciosa agenda de reforma. El país se beneficiaría enormemente si este debate conduce a que el nuevo gobierno lidere la corrección y renovación de las políticas de desarrollo económico, la lucha contra la pobreza y la modernización de la política y las relaciones internacionales.

 

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