Por: Jorge Iván Cuervo R.

Reformas a la carta

La iniciativa que promueve el Centro Democrático para hacer retroactiva la doble instancia en los juicios que adelantó la Corte Suprema de Justicia contra aforados constituye una nueva reforma a la justicia, en este caso procesal, que desnaturaliza la idea de integralidad que necesita la administración de justicia en Colombia. Es una reforma con nombre propio para favorecer al exministro Andrés Felipe Arias, condenado por esa Corte por delitos contra la administración pública.

La doble instancia en procesos contra aforados fue aprobada en el Acto Legislativo 01 de 2018, pero lo que se pretende ahora es que esta se pueda aplicar de manera retroactiva, y la Corte pueda revisar de nuevo el fallo contra Arias y, eventualmente, modificar la pena que algunos consideran desproporcionada, si se compara con otros delitos y otros casos. El trámite de esa reforma no será fácil en el Congreso, pero, de aprobarse, no garantiza una absolución de Arias y ni siquiera una reducción de la pena. ¿Qué pasaría entonces en el escenario en que la Corte ratifique la sentencia? ¿Propondrá el Centro Democrático la revocatoria de este tribunal y la creación de uno nuevo que asuma competencia desde cero?

Esta es una reforma con fines políticos que contradice lo que dijo la nueva ministra de Justicia en entrevista con Yamid Amat: “Lo que yo critico es que la política afecte el funcionamiento de la Rama Judicial”, esto, para referirse a la visión que de la reforma a la justicia tiene el expresidente Uribe, que es quien define la agenda temática del Gobierno. La ministra Cabello tendrá que entender que la variable política y, en especial, las preferencias y necesidades de corto plazo del partido de gobierno marcarán la ruta de la reforma a la justicia y no precisamente las necesidades de una justicia rápida y eficaz, como ella anunció en la mencionada entrevista.

De aprobarse la iniciativa que promueve el partido de gobierno, se abriría una puerta para impugnar todos los casos que la Corte Suprema ha dictado contra funcionarios aforados —por principio de igualdad y de favorabilidad—, lo cual implicaría la revisión de las condenas en el Proceso 8.000, la parapolítica, corrupción, entre otros temas, un desafío institucional y económico que comprometería una importante porción del presupuesto de la Rama Judicial en los próximos años.

Se señala que la doble instancia es un principio universal del debido proceso presente en los tratados de derechos humanos y en la mayoría de constituciones, lo cual es cierto, y Colombia no es la excepción. Toda persona tiene derecho a doble instancia e incluso a recursos extraordinarios como los de casación o revisión, pero la Constitución de 1991 estableció que los aforados fueran juzgados por la Corte Suprema en única instancia, y es que ser juzgados por el máximo tribunal es ya una garantía, régimen que opera en muchos países sin que se hable de violación al debido proceso. Pero ante ese reclamo, básicamente de la clase política, fue que el Acto Legislativo 01 de 2018 estableció la doble instancia en el juicio de aforados.

A Arias no le violaron el derecho al debido proceso durante el juicio ante la Corte Suprema, allí le dieron todas las garantías, incluso a las que no tiene acceso cualquier ciudadano. Es cierto que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó garantizar la segunda instancia al exministro, pues consideró que “toda persona declarada culpable tiene derecho a que el fallo condenatorio sea sometido a revisión de un tribunal superior”, pero no dijo nada del trámite del juicio, como que no se hubieran tenido en cuenta pruebas o que se hubiera impedido controvertir las de la Fiscalía, la de Viviane Morales, hoy embajadora en Francia del Gobierno de Iván Duque.

La extradición que autoriza la justicia estadounidense no solo descarta que exista una persecución política o que haya graves indicios de graves violaciones al debido proceso. El juicio político contra el presidente y contra secretarios de Estado por parte del Senado en ese país también se da en única instancia, de suerte que esa es una práctica habitual en otros regímenes políticos.

También es importante recordar que, por los mismos hechos, el entonces procurador Alejandro Ordóñez, una de las figuras claves de la coalición del actual gobierno, sancionó disciplinariamente a Arias, con destitución y una significativa inhabilidad para ocupar cargos públicos, lo que indica que estamos ante hechos graves que merecen sanciones ejemplarizantes, así no se haya robado un peso.

Esta no es una discusión jurídica, para ello bastaría que los abogados de Arias presentaran una acción de tutela exigiendo la segunda instancia, y al final será la Corte Constitucional la que decida si procede o no. Esta es una discusión política y así hay que plantearlo en el Congreso, entonces habrá que preguntar en el debate a qué se compromete el Centro Democrático a cambio de tramitar su estrambótica propuesta. Por ejemplo, a dejar operar a la JEP en paz.

@cuervoji

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