Refugio: una lotería para pocos en Colombia

Por Mariana Escobar Roldán*

Medellín. Jaim y Malka Yafe preparan panes y pizza en la sala de su casa y los venden a transeúntes. Por dos años y medio carecieron de permiso de trabajo en Colombia y ninguna entidad, a excepción de su sinagoga, les ofreció ayuda para integrarse a nuestro país. Yejezquel, su hijo mayor, nunca logró ingresar a una universidad, porque al no tener ciudadanía ni siquiera podía presentar un examen de admisión. Por suerte, el joven promesa de las matemáticas obtuvo una beca en Israel.

Esta familia de judíos tuvo que salir de Aragua, Venezuela, hace tres años. Allá, las autoridades incrementaron las requisas a los miembros de su comunidad luego de que Hugo Chávez expulsara al embajador de Israel en 2009 y maldijera públicamente a los judíos, escudándose en defender la causa palestina. El acoso de los chavistas les hizo sentir que era peligroso continuar en el país.

Tenían cómo argumentar la persecución. Entonces, en 2015, los Yafe optaron por pedirle al vecino Colombia el refugio, un estatus de protección que se otorga, entre otras razones, cuando el solicitante ve amenazada su vida, seguridad o libertad, o tiene “fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas”.

Jaim sabe que ni los venezolanos ni los refugiados son más prioridad para el Gobierno que los colombianos, pero una respuesta ágil es parte de la protección que necesitan y ya completan tres años a la espera del veredicto de la Cancillería.

La espera es perversa. En Colombia, los solicitantes deben aguardar de forma indefinida con un salvoconducto, un documento de carácter temporal que les permite estar en el país, pero que deben renovar cada 90 días y les prohíbe trabajar. Infringir estas condiciones podría significarles la pérdida del procedimiento.

Por fortuna, una abogada les confirmó hace poco que beneficiarse del Permiso Especial de Permanencia para venezolanos (un documento para regularizarse en Colombia, con vigencia de dos años y que sí permite trabajar) no entra en controversia con el salvoconducto y ahora, en teoría, podrán tener un empleo formal hasta 2020.

No obstante, para solicitantes de otras nacionalidades o de venezolanos que hayan ingresado a Colombia por fuera de los tiempos que exige el permiso (después del 2 de febrero de 2018), la opción es vivir de ahorros, remesas o actividades informales, ya que tampoco cuentan con albergues ni reciben ayuda económica del Gobierno.

Prolongar la espera es infame y agudiza la vulnerabilidad de los solicitantes, mientras el acceso a tiempo y de manera efectiva a la condición de refugio salvaría vidas.

Y nosotros sí que deberíamos saberlo. La solidaridad de una treintena de países salvó del conflicto y la persecución a cerca de 400.000 colombianos, quienes hoy cuentan con estatus de refugio en el exterior.

Mientras tanto, Colombia solo expidió 466 visas de refugio desde los 90 hasta 2017 y, según datos de la Cancillería, en los últimos dos años apenas 27 venezolanos fueron reconocidos con el refugio, incluido el diputado de la Asamblea Nacional Julio Borges, cuya espera, a diferencia de la de los Yafe, duró pocas semanas.

Es más fácil pretender que los flujos migratorios de Colombia son los mismos de hace décadas. Es más fácil desincentivar el refugio en nuestro país y abrumar a los solicitantes con altas dosis de zozobra. En cambio, no es sencillo el camino de la reflexión, la solidaridad y el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales.

La Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugio tendrá que enfrentar la creciente demanda de solicitudes, analizar qué cambios de estrategia requieren para ser más ágiles y buscar alternativas de atención humanitaria para quienes esperan de Colombia hospitalidad.

* Periodista de Dejusticia.