Por: Salomón Kalmanovitz

Regalías

EL GOBIERNO SE APRESTA A PRESENtar una reforma constitucional al régimen de regalías que básicamente se centralizan para ser asignadas regionalmente de acuerdo con criterios de equidad social y regional.

El proyecto acoge la propuesta de un Fondo de Compensación Regional que aspira a que las regiones y municipios más pobres del país reciban más recursos que otras más ricas. De esta manera se podrá acelerar el crecimiento económico de las regiones más atrasadas y cerrar la brecha que se ha profundizado frente a las regiones más avanzadas.

Se argumenta que las regalías entregadas históricamente a los departamentos y municipios de Arauca, Casanare, Putumayo y La Guajira, entre otros, han sido despilfarradas y robadas despiadadamente por los políticos locales. Se hacen obras no para servir a la comunidades sino para que los contratistas se las roben. Esto es cierto, pero lo que se ha venido conociendo también es que la corrupción en el nivel central de Gobierno ha alcanzado límites insospechados, en la medida en que se concentraba el poder y se creía que no había que rotarlo.

Este diario publicó la semana pasada que Ingeominas, bajo órdenes presidenciales expresas, permitió una liquidación por parte de la Drummond de las regalías por debajo de lo que la ley informa, que constituye el 10% del valor del carbón a boca de mina. En octubre de 2008, el mismo Ingeominas daba un parte de victoria al revelar que había recuperado 48 millones de dólares que la misma empresa le había intentado birlar al Estado.

La Drummond no fue penalizada sino que recibió derechos en 2009 sobre una de las minas más grandes con que cuenta el país en El Cesar: la del Descanso. Esto fue parte de la política de “confianza inversionista” que sacrificó cuantiosos recursos fiscales para atraer inversiones que, de todas maneras, se hubieran dado. Asimismo, se ha conocido cómo un grupo contratista logró que el Estado en sus varios niveles le otorgara 69 contratos, muchos de los cuales incumplió para dejar varios atrancados indefinidamente. Se le llamó una empresa carrusel, a la que la Superintendencia de Industria y Comercio le permitió que incumpliera pagos, que no la declarara en quiebra ni dispusiera de sus activos, antes de que los embolataran.

Lo que quiero decir es que la centralización en el manejo de las regalías no garantiza que sean abonadas de acuerdo con la ley, de que las que se recauden se asignen a proyectos prioritarios y que los contratistas que los lleven a cabo no se roben parte de los presupuestos, al haber financiado a los políticos que en el Congreso son parte de la alianza que rodea y apoya al Ejecutivo.

Para reducir la corrupción a sus justas proporciones, habría que diseñar la contratación de todas las obras públicas de manera abierta, por medio de subastas internacionales, vigiladas por organismos de control objetivos y rigurosos, con la participación de grandes jugadores financieros que expusieran capital propio para apalancar los recursos públicos.

Una propuesta de Francisco Azuero que me parece interesante es que las nuevas minas y yacimientos se otorguen por medio de subastas públicas que incluyan en sus condiciones el monto de regalías que el inversionista está dispuesto a pagar para ganarse la licitación. El resultado sería un mejor reparto entre las empresas y el país de la renta de un recurso no renovable y compensar más adecuadamente a la población por el agotamiento futuro del recurso.

 

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