Regla fiscal recesiva

En virtud de la aplicación de la regla fiscal, en días pasados aparecieron cifras que comprometen la meta para los próximos diez años. La política fiscal se ha convertido en un instrumento burocrático dictado por el FMI y por las firmas calificadoras de riesgo.

La regla fiscal se ha interpretado por la comisión consultora designada para tal efecto en una forma de reducir indefinidamente el déficit fiscal y mantenerlo por debajo del déficit en cuenta corriente. De esa manera se reduce el déficit en cuenta corriente y se genera una contracción del gasto. Así, el balance macroeconómico entre el ingreso nacional y el gasto queda por cuenta de la política de tasa de interés de referencia del Banco de la República que ha demostrado ser inefectiva para ampliar el crédito. Se ha configurado una estructura económica en que el gasto es inferior al producto nacional y el salario crece por debajo del producto, claramente recesiva e inequitativa.

Quién autoriza el Banco de la República y el ministro de Hacienda a seguir semejante camino. En el fallo de la Corte Constitucional sobre la ley del Banco de la República se establece que la función central del organismo es conciliar la actividad productiva con el control de la inflación y la estabilidad de la balanza de pagos. El Estado debe emplear el arsenal de instrumentos para conciliar los tres objetivos sin exclusiones. Mal puede lograrse uno de ellos a cambio de sacrificar los demás.

No es una utopía. Una de las leyes inexorables de la economía es qué varios objetivos pueden conseguirse siempre que se sostengan con un número igual de instrumentos. Pero si la tasa de cambio es determinada por el mercado y los precios del petróleo, la política fiscal dictada por el FMI y las firmas calificadoras de riesgo con diez años de anticipación, y el crédito y la tasa de interés están fuera de control del Banco de la República, la economía quedaría desprovista de medios para estabilizar la balanza de pagos, controlar la inflación y alcanzar la máxima producción y el empleo.

La solución no puede ser distinta a la de avanzar en un nuevo esquema institucional dentro de dos directrices centrales. Ante todo el Banco de la República debe abandonar la concepción de independencia entre la política fiscal y el mercado monetario. Las dos políticas aplicadas en forma aislada son inefectivas. En cambio, el manejo coordinado permitiría colocar el déficit fiscal por encima del déficit en cuenta corriente y generar la liquidez para ampliar el crédito. El balance macroeconómico se restauraría. Adicionalmente, se requiere un marco de protección que permita mantener el balance externo entre los ingresos y egresos de divisas sin deprimir el salario y elevar la inflación. En un principio se conseguiría con un arancel a las actividades industriales de mayor ventaja comparativa que no se producen en el país y un apoyo tributario a las empresas que incrementen las exportaciones y generen empleo. Si al mismo tiempo se regula el tipo de cambio, la economía se separaría del petróleo y la revaluación.

La regla fiscal constituye un severo obstáculo para cumplir el mandato constitucional y reactivar la economía. La estabilidad de la balanza de pagos y el control de la inflación se consiguen con un marco que mantiene el gasto por debajo del producto nacional. La economía queda expuesta a una actividad productiva inferior a la capacidad máxima, aumento del salario por debajo del producto nacional y empleo cero. La alternativa es la coordinación de la política fiscal y monetaria y la protección comercial y cambiaria. La receta reactivaría la producción y el empleo en plazo corto y le abriría espacio al modelo de industrialización de complejidad creciente y mejoría de salarios.