Por: Eduardo Sarmiento

Regresividad fiscal

Tan pronto como se divulgó la reforma tributaria advertí que ésta pretendía reducir los gravámenes al capital y a las empresas, y elevar los del trabajo y los grupos medios. La información reconocida por el mismo Gobierno revela un resultado peor. La baja de los recaudos al capital resultó superior que el alza de los del trabajo.

La falla no está en las disculpas del ministro de Hacienda, sino en la teoría que justificó la reforma. Como lo señalé repetidamente, ésta estaba fundamentada en la teoría de la eficiencia y la competitividad externa. Se considera que los gravámenes al capital y a los bienes suntuarios introducen distorsiones que reducen la producción, el empleo y los recaudos, al tiempo que los impuestos a las empresas reducen su competitividad externa.

Como lo ilustra una publicación reciente del Banco Mundial, hay un amplio grupo de  países de América Latina que están comprometidos en la idea de reducir los impuestos de las empresas y desmontar los gravámenes directos para elevarles la eficiencia y la posición externa. El caso extremo es el de Chile, que ha conseguido rebajarlos a la tercera parte del promedio de la región.

El primer obstáculo se observó en el trámite legislativo. Los congresistas aceptaron sin resquemores la propuesta del Gobierno de bajar los gravámenes a las empresas y al capital, pero se resistieron a elevar en la misma cuantía los del trabajo. La desfinanciación se reflejó claramente en el presupuesto de 2014, que no incluyó los compromisos oficiales en materia de carreteras, agricultura, salud y educación. La falencia se trata de resolver mediante iniciativas oficiales y del Congreso para establecer impuestos de destinación específica.

Las cifras están a la vista. Los ingresos tributarios, que venían creciendo más del 15% en los últimos dos años, pasaron a hacerlo unos puntos por encima de la inflación. El desbalance va a ser mucho mayor el año entrante, porque entrará en vigencia la otra mitad de la baja de la retención en la fuente de las empresas. De allí se deduce que la reforma tributaria significa una baja de los recaudos tributarios de $10 billones con respecto a la tendencia.

Estamos ante una carrera de equivocaciones. La revaluación y los TLC han generado un estado de precios domésticos superiores a los internacionales insostenibles. Ante la imposibilidad de intervenir el tipo de cambio dentro de una modalidad flexible y la prohibición de elevar considerablemente los aranceles, se ha optado por el camino más regresivo de bajar los impuestos al capital y trasladarlos al trabajo. De hecho, el sistema fiscal deja de ser un medio para propiciar transferencias de ingresos de los sectores altos a los menos favorecidos. En su lugar, se convierte en un expediente para atender el asistencialismo y elevar las ganancias empresariales.

El balance legislativo es infortunado. Las principales iniciativas económicas y sociales han muerto antes de estudiarse o han fallado en lo fundamental. Debido al unanimismo, los gobiernos se preocupan más por la forma que por el fondo. No hay un esfuerzo para convencer al Congreso de la bondad de los proyectos, ni del Congreso para exigir seriedad y rigor en las exposiciones. El rechazo de los proyectos no se da por las argumentaciones de los ponentes, sino por el mismo Gobierno que en el trámite advierte que la idea no es correcta, como en educación y agricultura, y los fracasos ocurren, como en salud y ahora en la reforma tributaria, porque se insiste en teorías fracasadas.

La lección es clara. La solución a los quebrantos del libre comercio no es renunciar a la equidad fiscal. Lo que se plantea es un marco de aranceles y modalidad cambiaria orientado a conciliar los mercados interno y externo.

 

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