Regulación de la droga

Hace 25 años participé en el primer libro integrado sobre el narcotráfico. En mi contribución señalé que el predominio de los factores morales de la droga inducía soluciones económicas contrarias a la naturaleza.

Muchos de los conceptos que expresé en ese entonces con base en principios económicos se han confirmado. Sostuve que el consumo de productos psicoactivos tenía características diferentes a las de los bienes comunes de consumo y que su análisis no podría seguirse dentro de los enfoques comunes. De un lado, la demanda de la droga es altamente insensible a los precios. La variación de las cotizaciones no afecta el consumo. De otro lado, la oferta, por realizarse en zonas baldías con técnicas rudimentarias, opera con bajos costos. Los productores están dispuestos a elaborar el producto a un precio cercano a cero. En términos de la jerga económica, el sistema opera con ofertas elásticas y demandas inelásticas. En suma, el aumento de la producción de un país es compensado por la reducción de otros y su efecto final sobre el precio no altera considerablemente el consumo. Fue precisamente lo que ocurrió en los últimos 25 años y ha sido calificado por la comisión de expresidentes Gaviria, Cedillo y Cardozo, y luego por el presidente Santos, como un fracaso. En coro recitan que todos los esfuerzos realizados para deprimir la oferta resultaron ineficaces para reducir el consumo.

El país enfrentó el aumento de la producción de cocaína con una severa represión que amplió la diferencia entre el precio del consumidor y el productor. Se creó una cuantiosa renta que permeó todos los órdenes de la vida nacional, resquebrajó las instituciones de la justicia y el servicio público y propició la cultura de la corrupción. Sin duda, el costo recayó en los países productores.

Si bien a los expresidentes les fue bien en el diagnóstico, no se puede decir lo mismo de las soluciones. Incurrieron en el error de rechazar una solución sin conocer las formas de remediarla. En ningún momento avanzaron en señalar en forma concreta cómo sería la política de legalización o de despenalización. Mal podía esperarse que la fórmula fuera la misma aplicada al licor, de autorizar la producción y el tráfico libre y establecer un impuesto para elevar el precio. Lo cierto es que las acciones adoptadas en la administración anterior para morigerar y racionalizar la prohibición no han tenido el apoyo de los países consumidores, y en el caso de Estados Unidos se advierte una fuerte presión para reversarlas. Qué otra cosa se podía esperar. Los países consumidores no están dispuestos a dejar la entrada de droga en manos de los productores.

El país quedó entre la represión y la legalización. Los hechos han venido a confirmar que la legalización no es viable sin un acuerdo con los consumidores. En la práctica no es posible ir mucho más allá de una regulación administrativa sujeta al veto de los países consumidores.

La paradoja es que, dadas las características económicas de la droga, luego de tres décadas de debate aparezca que el consumo no depende mayormente del régimen legal. No hay razón para que el consumo sea muy diferente para un sistema represivo, como el que predominó en el pasado, que para otro regulado administrativamente y apoyado en un elevado impuesto.

En fin, la represión de la droga no solo les introduce serios daños a los países productores, sino que es inefectiva para regular el consumo. Los costos de la represión recaen en los países productores y no benefician mayormente a los consumidores. Lo grave es que, a estas alturas, por los desaciertos repetidos, no se avanza en una solución práctica.