Por: Santiago Montenegro

Regulación para la infraestructura

El Gobierno Nacional, bajo la coordinación de Planeación Nacional, viene trabajando en un proyecto de ley muy importante que busca ser el marco normativo para el desarrollo de asociaciones público-privadas, APP, para proyectos de iniciativa privada en las grandes obras de infraestructura y para la prestación de servicios públicos.

El proyecto establece una serie de herramientas y prácticas con el fin de alinear los intereses del sector público con los particulares y con el de los usuarios de las infraestructuras, como carreteras, y de los servicios públicos. Aprendiendo de los errores cometidos en años pasados y de las experiencias exitosas de otros países, como la de Chile, se espera que con la aprobación de este proyecto de ley en el Congreso, Colombia pueda, por fin, tener un marco normativo que permita eliminar o, al menos, reducir la enorme brecha que tiene en su infraestructura, especialmente de carreteras.

Entre los elementos más importantes que contiene el proyecto de ley quiero resaltar los siguientes. En primer lugar, la remuneración de los proyectos estará asociada a la disponibilidad de la obra y no a su construcción. Segundo, las adiciones y prórrogas de los contratos no podrán superar el 20% del contrato o del plazo original y sólo podrán hacerse después de tres años de vigencia del contrato y durante las primeras tres cuartas partes del plazo inicial. Tercero, para los criterios de selección objetiva, abre las puertas a la participación de verdaderos estructuradores de proyectos que no tienen que ver directamente con la construcción, además de facilitar la participación de entidades que fondeen los proyectos. Estos puntos, más otros que no señalo por falta de espacio, apuntan a que las obras se hagan de acuerdo a los diseños originales, se construyan y terminen en los plazos inicialmente convenidos y sus costos se ajusten a los planes originales. Por estas razones, el proyecto de ley debe ser bienvenido, pero es importante señalar algunos obstáculos que aún existen.

En primer lugar, el proyecto todavía no ha sido radicado en el Congreso y es muy difícil saber cómo será su trámite y su redacción final. Es decir, aún si es aprobado de acuerdo a la intención del Gobierno, dicha normativa, además de los decretos que la reglamenten, sólo estará vigente en la segunda mitad del 2012, en el mejor de los casos, mucho antes de que se adjudiquen varios de los nuevos proyectos, los cuales, de acuerdo al Gobierno, alcanzarán unos $40 billones en los próximos años. Por esa razón, esperamos que, bajo los principios del mencionado proyecto de ley, el Gobierno regule los nuevos proyectos por la vía de los contratos que se firmen con los ganadores de las próximas licitaciones. Porque, infortunadamente, sigue vigente el artículo 28 de la ley 1150 de 2007 (la del Plan de Desarrollo), el cual permitió en el cuatrienio pasado una feria de adiciones vergonzosas a las concesiones por cuantías gigantescas que, en otras circunstancias, habrían requerido nuevas licitaciones públicas. Pero, tan preocupante como la vigencia de dicho artículo, en el último Plan de Desarrollo se eliminó el requisito del concepto previo del Conpes para la aprobación de dichas adiciones.

Si no se introducen los nuevos principios de regulación, que consagra el proyecto de ley de las APP, en los próximos contratos con los concesionarios de los proyectos de infraestructura el descalabro de nuestra infraestructura puede llegar a perpetuarse indefinidamente.

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