Reinvención de la clínica

La misión de observación electoral (MOE) advirtió el 6 de febrero sobre el aumento sistemático de riesgos de fraude en las próximas votaciones para el Congreso.

El informe plantea un escenario en el que el clientelismo, la contratación y la financiación de algunas campañas como espacio para el lavado de activos han tomado cierta ventaja sobre la coacción directa de actores armados ilegales para asistir a las urnas (Alejandra Barrios a Colprensa, febrero 9).

Los jueces penales habrían de participar decididamente en la prevención y el castigo de tales delitos, pero las providencias que el pasado diciembre decretaron excarcelaciones desconcertantes por razones de salud recuerdan que esa función se encuentra erosionada. Una mirada clínica pretendió fundar tales decisiones, basada en relatos de síntomas y diagnósticos dramáticos sobre el estado de los reclusos que se emitieron a espaldas de Medicina Legal.

Cristian Camilo Torres Ortiz, juez único de ejecución de penas de Fusagasugá, avaló públicamente ese proceder el último día de 2013, al decretar el traslado de Enilce La Gata López a “algún lugar de la costa”, porque en el hospital de Soacha donde se encontraba recluida la empresaria del chance habría podido sufrir “de muerte súbita en cualquier momento” (sic). “Las decisiones judiciales —remarcó Torres— se toman con base en lo que hay en el proceso” (RCN Radio, enero 2). Y, sin embargo, ningún dictamen de Medicina Legal había conceptuado el traslado.

Esa “mirada clínica judicial” parece haber restituido a La Gata su condición de espíritu omnipresente en el sufragio caribeño. A mediados de enero, la empresaria de apuestas fue trasladada al Hospital Cari de Barranquilla, fortín de sus operaciones. En su ausencia, el Atlántico se posicionó como el departamento con el mayor número de cédulas inscritas en el país mediante presuntas irregularidades (El Heraldo, enero 17). Desde su arribo se han conocido noticias sobre incrementos anormales de inscripciones para las urnas en 18 municipios de Sucre, al tiempo que las campañas de tres candidatos al Senado marchan rebosantes de propaganda y dádivas, de Sincelejo a Corozal y de Magangué a La Guajira (El Espectador, enero 27; El Tiempo, febrero 8).

Alrededor de La Gata, la reclusión hospitalaria parece convertirse en el lugar donde bien pueden tramarse los lazos entre lo legal y lo ilegal de cara a los comicios venideros. Y la clínica se reinventa así como el espacio inexpugnable, bajo presunta vigilancia, epicentro de control de voluntades y recursos bajo un halo de normalidad.

Subrayó el juez Torres de Fusagasugá que “las decisiones judiciales nunca se pueden tomar de acuerdo a la influencia política que tenga o no tenga una persona” (RCN Radio, enero 2), con el tono autómata de quien apenas verifica requisitos. Su despacho, convertido en antesala de la clínica, se hallaba desolado ese segundo día de enero mientras el polvo se posaba sobre los folios de los anaqueles.