Por: Hernán Vallejo G.

Relaciones peligrosas

A RAÍZ DEL FALLO DE LA CORTE SUprema de Justicia en el caso de Yidis Medina, el Presidente de la República ha propuesto adelantar un referendo con el fin de repetir las elecciones de 2006.  Es posible que ese referendo, si se concreta, sirva –o no– para resolver el problema específico de las elecciones de 2006, pero eso no va a resolver un problema mucho más profundo: el problema de las relaciones peligrosas.

Un ejemplo de ese tipo de relaciones son las que tiene el Poder Ejecutivo con el Legislativo. En los países del mundo en los que existe un Poder Ejecutivo y un Poder Legislativo, sacar adelante reformas y leyes requiere la interacción y las concesiones políticas y económicas entre esos dos poderes.  Hasta qué punto las concesiones políticas y económicas entre ambos representan acuerdos que reflejan la voluntad democrática de los electores, y hasta qué punto representan acuerdos de mutua conveniencia alejados de los intereses de la nación, es una frontera que muchas veces no es fácil encontrar.

¿Son claras y suficientemente explícitas y exigibles nuestras leyes y normas sobre la forma como se deben llevar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo? ¿Son compatibles nuestras normas con las prácticas razonables a nivel mundial en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo? ¿Es claro cómo se podrían mejorar nuestras normas y procedimientos para que dichas relaciones sean más transparentes, y gobernantes, legisladores y electores sepamos todos a qué atenernos?

Otro ejemplo de esas relaciones peligrosas son las que tienen el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo con el sector privado, representado por gremios, sindicatos, ONG y demás organizaciones sociales. Economistas de Harvard como Dani Rodrik y Lant Pritchett pregonan por el mundo la importancia del trabajo conjunto del sector privado con el sector público y lo consideran un elemento central dentro de lo que ellos mismos llaman la tercera generación de políticas de desarrollo económico.

En Colombia —por dar tan sólo un ejemplo— el Consejo Privado de Competitividad está cumpliendo un trabajo muy interesante en este frente.  Pero la experiencia muestra que ese trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado debe llevarse a cabo dentro de ciertos límites, reglas y criterios, o de lo contrario lo que son loables intenciones pueden terminar convirtiéndose en mecanismos para la captura del Estado por parte de particulares, y la preservación y la generación de rentas del Estado para esos particulares. Más ahora que volvimos a entrar en la moda de escoger sectores líderes o de alto impacto.

¿Son claras y suficientemente explícitas y exigibles nuestras leyes y nuestras normas sobre la forma como se deben llevar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo con los diferentes representantes del sector privado, incluyendo empresarios, sindicatos, ONG y demás organizaciones sociales? ¿Son compatibles nuestras normas con las prácticas razonables a nivel mundial para las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con esos diferentes representantes del sector privado, como por ejemplo en el caso de los lobbies en los Estados Unidos (http://www.senate.gov/reference/reference_index_subjects/Lobbying_vrd.htm)?

Sin duda es importante buscar mecanismos para despejar las inquietudes que haya sobre las elecciones de 2006. Pero si no analizamos con más juicio el diseño institucional y las normas explícitas que rigen las importantes —pero peligrosas— relaciones entre el Ejecutivo, el Legislativo y el sector privado, más nos demoraremos en apagar un incendio que en salir corriendo a apagar los otros.

* Facultad Economía Universidad de Los Andes

 

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