Renta básica e impuesto progresivo

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Partidas de salario mínimo por varios meses para nueve millones de hogares acorralados por la pandemia, financiadas a la larga por mayores tributos a los millonarios, aliviarían las penurias de pobres y empobrecidos, y de la economía toda. Se sabe: una mayor capacidad de compra despabila la producción. Pero además, de adoptarse la renta básica y el impuesto progresivo como políticas de Estado, éstos saltarían de reactivadores de la economía en la crisis a abrebocas del nuevo pacto social que resulta inescapable. 68 congresistas de nueve partidos radicaron proyecto de ley que crea renta básica de $877.000 durante tres meses y $438.000 en los dos siguientes, para alivio de 30 millones de colombianos. Su costo, $31 billones, 3 % del PIB. Enhorabuena.

Por su parte, un selecto grupo de especialistas encabezado por Vivian Newman, directora de Dejusticia, presentó acción de inconstitucionalidad contra el Estatuto Tributario y sus reformas, por violar los principios constitucionales de progresividad, eficiencia y equidad. El criterio, más justicia en la redistribución del ingreso nacional y en el esfuerzo fiscal extraordinario de la pandemia. Si el Estatuto Tributario irrespeta ese principio, más lo hiere la reforma tributaria de Duque, que termina regalándoles $9,5 billones adicionales a los ricos. Espitia y Garay, entre otros, prueban que los superricos de este país tienen tasa nominal de impuesto de renta del 27 %, pero pagan efectivamente sólo el 2,5 %. Conforme sube el ingreso de la persona, baja su tasa tributaria efectiva. Lo mismo sucede con las empresas: las más piponchas pagan apenas el 4,5 %. Y la tasa de evasión de personas jurídicas alcanza el 39 %: en 2012 se birlaron $15 billones.

 

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