Por: Uriel Ortiz Soto

Renuncia Curul: conejo a electores

Cuando será que en nuestro parapléjico e incipiente sistema electoral, entendemos que las curules de los legisladores y cargos por elección popular, son de los electores.

Que la relación entre estos, el elegido, y el Estado de Derecho, que los regula debe ser permanente durante el período Constitucional del ejercicio del cargo.

Los Legisladores y funcionarios mencionados, que, para librase de un carcelazo, o aspirar a otro cargo, renuncian a su curul, deberían recibir de inmediato muerte política, y al mismo tiempo indemnizar a sus electores y regiones por los daños y perjuicios causados con sus falsas promesas; al postularse como candidatos serios, transparentes y sin ningún impedimento.

Con toda esta racha de renuncias que se están presentando, y las que se ocurrirán en próximos días, las pólizas de seguros de seriedad y pureza electoral, deberían ponerse en práctica para asegurar que  electores y  comunidades no terminen burlados y colgados de la brocha, víctimas de tanta marrulla politiquera. No olvidemos, que, en todo Estado de Derecho, el gobierno debe garantizar a sus gobernados, la pureza electoral y la idoneidad de los elegidos, previendo que los ciudadanos designados, sean capaces moral y jurídicamente para el desempeño de sus cargos.

Cuando una persona, resuelve ingresar a la actividad pública y política, se sustrae de su entorno familiar, pasando a ser sujeto de actividades comunitarias; de acuerdo a los logros realizados, es ungida por sus seguidores como la más indicada para representarlos en Corporaciones Legislativas y cargos de elección: Ediles, Concejos, Asambleas, Congreso de la República; Alcaldes, Gobernadores, y Presidente de la República.

Hay que ser conscientes que, así no exista jurisprudencia que obligue la permanencia de estos funcionarios en el ejercicio de sus cargos, estos, son de los ciudadanos, que, votaron convencidos de su proyecto de político. Sobre todo, cuando son producto de un consenso directo o indirecto desarrollado mediante los mecanismos constitucionales de Participación, los cuales deben ser respectados y son de obligatorio cumplimiento por parte de los organismos competentes que los ejecutan.

Entre Elegidos, Electores, y Estado de Derecho, debe existir, una relación vinculante con las comunidades y regiones, que, si de momento, no puede ser jurídica, por los enormes vacíos en la ley de partidos, si existe un vínculo político y moral. En nuestra historia político - administrativa, jamás ha obrado sanción contra Legislador, Gobernador o Alcalde, por ineficiencia en el desempeño de sus funciones, o por  dejación del cargo injustificadamente.

Causa verdadera indignación, cuando escuchamos decir a determinado legislador, que “renuncia a su curul con el fin de deshacerse de algún proceso penal ante las Altas Cortes”, para someterse a la jurisdicción de la justicia ordinaria. Considero, que, quién acuda a esta práctica, de por sí, arbitraria, deshonesta y desleal para con sus electores, debe ser sancionado también de por vida para ocupar cargos públicos. Las Corporaciones Legislativas no pueden continuar siendo el refugio de componendas politiqueras. Ni escenario donde se negocia el futuro de nuestras regiones.

Lamentablemente, la Reforma, que recientemente aprobó el Congreso, es tan banal y estúpida, que solo servirá para que, los caciques políticos, clientelistas y delincuentes de cuello blanco, regresen para continuar haciendo de las suyas en nombre de nuestro Estado de Derecho y Majestad de la República. Mientras tanto, las  comunidades de la Patria, seguirán sirviendo de señuelo para votar por programas que a la postre no se van a cumplir.

Creo, que con todo lo que hemos visto, presenciado y vivido en este vergonzoso cuatrienio legislativo que termina, es más que suficiente para que los ciudadanos designen por medio de veedurías a sus candidatos, evaluando que sus propuestas sean lógicas y posibles de cumplir, pero, lo más importante, que después de elegidas, no  resulten con problemas de orden penal, o investigados por los organismos de control. Por eso, cada elector tiene pleno derecho a conocer la hoja de vida de su candidato, la cual debe ser divulgada por los medios de comunicación y fijada durante la campaña en sitio público visible de la región que pretende representar.

[email protected]

Buscar columnista