Por: Jaime Arocha

Reparación paramuna

El 11 de junio de 2011, debido a la investigación eco-jurídica y gestiones del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario (GAP), varios vecinos de La Calera radicamos en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una Acción Popular para demandar a la Alcaldía de La Calera, a su Concejo Municipal y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, por la forma como habían ajustado el Plan de Ordenamiento Territorial (acuerdo 043 de 1999) mediante el Acuerdo 011 de 2010.

El blanco de nuestra objeción consistía en el ojímetro que las tres instituciones habían aplicado para escoger los 3.200 metros sobre el nivel del mar como límite inferior de los páramos de la región (artículo 24). Otros artículos permitían sacarle provecho a la exclusión de la franja de los 2.900 a 3.200 msnm del régimen que ha restringido innovaciones de infraestructura y producción para mantener la integridad de los bosques de las zonas más elevadas de los Andes. En efecto, el art. 33 de ese mismo acuerdo 011 aprobaba la construcción de una vía panorámica hacia Bogotá por la calle 153; dos más (122 y 123) le daban la bendición a los lujosos proyectos urbanísticos de Los Altos de Teusacá y Siberia Chiquita, y uno más (25) creaba zonas de producción agrícola y ganadera redefiniendo la estructura ecológica principal que el POT de 1999 había ideado para salvaguardar franjas de recarga de acuíferos. Los damnificados inmediatos eran los usuarios de siete acueductos veredales: La Nutria, San José de El triunfo, Ajizal, Aurora Alta, Chorro de la Pita, Martán y ASURAYA. El perjuicio mediato consistía en el bosque alto andino de los Cerros Orientales de Bogotá, y por lo tanto en todos los ciudadanos del distrito capital.

Nos llenaba de pesimismo el que el magistrado ponente no hubiera aceptado la coadyuvancias que el GAP presentó para demostrar que además de los accionantes originales había otros miembros de la comunidad que temían por su derecho a disfrutar de un ambiente sano. Del mismo modo que requiriera estudios impagables que demostraran que los cultivos de papa contaminaban las fuentes de agua, o que caminos y casas nuevas acabarían con nacederos de cuales dependían cerca de 5.000 personas.

La espera terminó el dos de diciembre, cuando Sebastián Senior y Natalia Hurtado, del GAP, avisaron que el tribunal había dictado sentencia en primera instancia. ¡Ganamos!, fue nuestra exclamación al leer que para la sentencia “ni el municipio ni la CAR [habían aportado] los antecedentes a la determinación de los 3.200 msnm como zona protegida”, añadiendo que “Las CAR deben realizar un estudio sobre el estado actual de los páramos de su jurisdicción con base a los lineamientos dados por el Ministerio de Ambiente, la Unidad Administrativa Especial de Sistemas de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN y con el apoyo del IDEAM, el Instituto Alexander Von Humboldt y el IGAC”.

Un ¿ganamos? fue surgiendo a medida que los del GAP explicaban que el tribunal persistía en exigir costosas pruebas de los efectos perjudiciales de nuevas vías, urbanizaciones y agricultura acerca de los cuales hablaban los artículos que ya mencioné. El 4 de diciembre, los jóvenes abogados apelaron a partir de los principios de prevención, precaución y reparación. Han transcurrido seis años de otorgar licencias de construcción por debajo de los 3.200 msnm, con las consecuentes talas de bosques para hacer casas y caminos para llegar a ellas. Mala manera de combatir el calentamiento global.

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