Por: Andreas Forer

Reparaciones sostenibles para las víctimas del conflicto interno

El proceso de paz que vive Colombia enfrenta desafíos inaplazables como el deber de reparar a la hasta hoy incalculable, cantidad de víctimas de la violencia; lo que en otras palabras significa, el deber de restablecerles los derechos que les han sido vulnerados con ocasión del conflicto.

Ahondando en el tema, el principio básico de la reparación implica que el responsable debe asegurar que la víctima  vuelva al estado anterior en el que se encontraba antes de sufrir el hecho dañoso, es decir que se debe restablecer su status quo ante, o aproximarse a él en la mayor medida posible, de manera que su situación sea muy semejante, y en el mejor de los casos igual, a la que tenía antes de suscitarse la vulneración del derecho.  

Este es el concepto tradicional de reparación, sobre el cual está cimentada la legislación nacional y que es necesario abordar. Sin embargo, las nuevas teorías como la llamada tesis de las reparaciones transformadoras propuesta para sociedades en situación de conflicto, pobreza y exclusión, afirma que no es suficiente con restablecer a la víctima su  status quo ante, sino que además, se le debe brindar, a través de la reparación, los medios que le permitan dignificar su condición humana en la sociedad, aunque para ello sea necesario entregar algo más de lo que perdió como consecuencia del hecho que le causó el perjuicio.

En Colombia, para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley, el decreto 1290 de 2008 que crea el programa de reparación administrativa, retoma en su parte considerativa el derecho a la ‘reparación integral’ de las víctimas en los mismos términos  que el artículo 8° de la Ley de Justicia y Paz, es decir, con los componentes de  restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y medidas de reparación simbólica. Lo anterior, en teoría significa, que no puede haber una regla inmodificable general para desarrollar el deber de reparar y que por el contrario, de acuerdo al caso concreto y atendiendo las particularidades del mismo, como el tipo derecho vulnerado y el grado de afectación, se deben aplicar las medidas de reparación que resulten más pertinentes, llamando la atención sobre la importancia de no restringir la reparación a una sola de las medidas que la componen.

Por ejemplo, para el caso de una víctima de violencia sexual, lo más seguro es que la indemnización económica no sea suficiente y se hagan necesarias,  medidas de rehabilitación a través de atención sicológica, entre otras. Así mismo, a la víctima de desplazamiento forzado tal vez no le sea suficiente la restitución del predio del cual fue despojada, de manera que ésta deba complementarse con indemnizaciones y también con medidas de rehabilitación.

La reparación de las víctimas no se debe reducir a la entrega de indemnizaciones en cheques. Esta medida probablemente satisfaga la necesidad de mostrar resultados públicamente y de ofrecer espectáculos que llevan a la sociedad civil un mensaje de ‘cumplimiento del deber’ pero que en ningún momento satisfacen la obligación de reparación integral de las víctimas. En lugar de ello, se deben combinar las formas de reparación, descartar la idea de que se cumple el deber de reparar con actos instantáneos que se agotan en un acto y en cambio, pensar programas a largo plazo, poner límites o topes a las indemnizaciones como estrategia para materializarlas, trazar políticas de seguimiento que hagan de la reparación un ideal sostenible.

 

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