Por: Germán I. Andrade*

Repensar la altillanura

El escándalo desatado por la compra y acumulación de títulos previamente asignados como unidades agrícolas familiares en la altillanura, pasa al estrado judicial.

No corresponde a los medios prejuzgar a numerosas empresas, y no sólo Riopaila Castilla S.A. Pero sí es una oportunidad para repensar como país la altillanura, cuando han sucedido cambios de contexto de algunos de los supuestos sobre los cuales se lanzó esta otra locomotora. El primero es el contexto social y político. La locomotora de la agroindustria, que se lanzó en el gobierno del presidente Uribe y fue ratificada por Santos, era el principal motor reconocido para el crecimiento económico del agro. Hoy se hace necesario complementarla y armonizarla con las reconocidas necesidades que de tiempo atrás emanan del análisis de la academia. Esto es, la necesidad de pacificar el campo y dignificar el campesinado. Una agroindustria responsable podría ser motor económico.

Un segundo aspecto de esta locomotora que también hay que revisar es su relación con lo ambiental. En el imaginario inicial las tierras de los llanos estaban listas para, “sin tumbar un solo árbol” —al decir del expresidente Uribe—, recibir los paquetes tecnológicos y producir el rédito económico, en sí mismo considerado suficiente para el desarrollo social. Pero hoy sabremos que no son los 3,5 millones de hectáreas que se mencionan en los documentos previos del Conpes de la altillanura los que están listos para recibir el arado y la cal. Tampoco son los parques nacionales —que sólo hay uno— y los humedales Ramsar —que no hay ninguno— las únicas restricciones ambientales. Hay que mirar la altillanura como un territorio a la escala adecuada. En efecto, en el tiempo transcurrido, algunos estudios del Instituto Humboldt y de la Universidad de los Andes han demostrado que la altillanura no es un espacio homogéneo y que la inserción de la agricultura requiere precaución ambiental especial entre un 30 y 50% de su superficie. Los mismos estudios hacen eco, desde lo local, del documento reciente del Instituto de los Recursos Mundiales (World Resources Institute), que alerta sobre la necesidad de balancear la expansión de la agricultura con el cuidado ambiental, so pena de poner en entredicho el cumplimento de las metas para colmar la creciente demanda de alimentos y agrocombustibles a nivel global. Otro estudio de gran impacto es del grupo del profesor Lambin, experto en el cambio del uso de la tierra, quien señala que la cantidad de tierras disponibles para la expansión de la agricultura no depende solamente de su potencial agronómico, sino que la transformación agrícola de una parte de ellas no está exenta de generar costos ambientales y sociales. En otras palabras, “de eso tan bueno no dan tanto”: el desarrollo de la altillanura requiere un cuidadoso diseño, no sólo financiero y legal, sino social y ambiental. El fracaso de las grandes inversiones en la altillanura no sería pues sólo de las empresas, o los abogados que las asesoraron, de esto hablarán los jueces, sino de la política pública. Si su decisión es contraria a la interpretación de la ley aclimatada por la locomotora Uribe-Santos, los grandes capitales que ya son globales emigrarán hacia el exterior. Los colombianos nos quedaremos con una altillanura que no supimos entender. Es una oportunidad que hay que revivir con una mirada integral.

 

*Germán Andrade

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2013-07-07T23:00:00-05:00

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